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La noticia de la deportación desde Estados Unidos de Miguel Villarreal Archila, exjefe narco del paramilitarismo en el Atlántico y de la extinta banda emergente ‘Los 40’, encendió las alarmas entre los organismos del control del país por los efectos que su retorno pueda causar en el orden público de la región Caribe.

'Estamos atentos ante cualquier hecho que altere la seguridad', indicó ayer por teléfono un vocero de la Policía Metropolitana.

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación informaron que hace varias semanas 'se trabaja en determinar cuáles y cuántos son los procesos' de Villarreal que quedaron pendientes de resolver, debido a su extradición el 1ro. de septiembre de 2008 al país norteamericano.

En el informe de EL HERALDO que ayer dio a conocer el regreso del excabecilla paramilitar, se informó que investigadores de la Fiscalía recibieron una alerta de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) sobre la posibilidad de que haya retaliaciones. 'En especial, si tenemos en cuenta que ‘Salomón’ podría estar interesado en recuperar bienes y propiedades que, al parecer, le fueron arrebatadas'.

Fuentes judiciales consultadas en Barranquilla no escondieron su preocupación por un hecho que coincide con la época en que 'han empezado a quedar en libertad exintegrantes de las Autodefensas, de los cuales hay indicios de que nunca dejaron de delinquir desde sus sitios de reclusión'.

DROGAS Y HOMICIDIOS

Villarreal, con 48 años, aterrizó el 29 de febrero anterior en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, en el segundo vuelo que este año trajo colombianos deportados de Estados Unidos.

'Llegó en compañía de 71 connacionales, seis mujeres y 65 hombres', indica el reporte de Migración Colombia. El Inpec informó que ingresó el 10 de marzo a la cárcel La Picota, en Bogotá, sindicado por el delito de concierto para delinquir por el Tribunal Superior de Barranquilla.

Villarreal afrontó cargos por narcotráfico en EE.UU., donde un juez del Tribunal del distrito medio de la Florida le impuso una pena de 130 meses de prisión (10 años y 10 meses) después de que se declaró culpable y aceptó colaborar con la DEA. El fallo fue proferido el 22 de julio de 2010.