El proceso penal que envolvió a ocho funcionarios de la Alcaldía de Valledupar, de la administración de Luis Fabián Fernández, terminó en primera instancia con seis condenas y una absolución.
La juez 1ra. Penal del Circuito, Rosario Villalobos, anunció que condenará a José Baute Movilla y Álvaro de Jesús Mosquera, por los delitos de peculado por apropiación y falsedad de documentos públicos.
Y a Leonardo Mosquera, Arquímedes Miranda Mejía, Adrián Iván Maya y Marcos Quintero, por peculado por apropiación, concierto para delinquir, acceso abusivo en medios informáticos y falsedad de documentos.
El ingeniero de sistemas Carlos Chamorro Mostacilla ya había aceptado en 2011 su culpa y fue condenado a 13 años de prisión, por peculado y acceso abusivo en medios informáticos.
ESTAFA
La investigación de la Fiscalía 12 de unidad de Delitos contra la Administración Pública estableció que, como funcionarios de la Secretaría de Hacienda de Valledupar, los procesados manipularon la base de datos de los contribuyentes. 'Disminuyendo o alterando el monto de los impuestos que deberían pagar'.
La estafa fue tazada en $7.000 millones y, para ello, contrataron a tramitadores que esperaban a los contribuyentes a las afueras de la Alcaldía para guiarlos en lo que debían hacer.
Todos se encuentran privados de la libertad en la cárcel Judicial de Valledupar. Danys Rivera Araujo, la única involucrada absuelta de los cargos, permaneció con detención domiciliaria.
La juez fijó para el 14 de junio próximo, desde las 8:30 a.m., la audiencia en que leerá la pena que impondrá a cada acusado del ‘Cartel de los impuestos’.
APELARÁN
En este proceso, que empezó desde 2011, hubo una ruptura procesal para José Julio Peralta, quien durante la etapa del juicio se encontraba detenido en casa por cárcel y recibió un disparo en la columna que lo dejó cuadrapléjico, en medio de un atraco. Su proceso lo continuará otro juez.
Uno de los abogados defensores, Frank Mosquera, manifestó que la decisión será apelada ante el Tribunal Superior del Cesar. 'Creemos que no hay suficientes argumentos para condenarlos'.
La Fiscalía solicitó a la juez que imponga a cada acusado de 9 a 15 años de prisión.
