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El patio no ha cambiado. Están las mismas sillas y los mismos trastes viejos de hace dos años, los viejos mecedores y las paredes desconchadas. Aunque a la vista no se note, en los rostros sí pueden verse los cambios a los que la familia Ortiz Cuentas se ha visto enfrentada, desde la muerte de Diribeth, la quinceañera que perdió la vida por una bala perdida.

'Ya han pasado dos años, pero todos los días de mi vida extraño a mi hija. Me hace falta su voz, su risa; ella era mi pechichona. La acompañaba hasta el colegio', dice Cleotilde Cuentas, con la mirada en la tierra seca del patio donde la sangre de la adolescente se derramó.

El deceso de Diribeth fue el desenlace de toda la confusión vivida el 19 de enero de 2014, en medio de un procedimiento policial, al frente de la casa donde aún viven su padre y la compañera de él, en la carrera 29 con calle 20, barrio Rebolo.

'Queremos que se haga justicia y ese policía, que no tenía por qué disparar a la loca, pague por lo que hizo. Es lo único que me dejaría más tranquila, porque casi ni duermo', enfatiza la madre.

Parte de ese 'único' aliento de tranquilidad para la familia acaban de hallarlo en el fallo que declaró 'responsable' a la Nación por la muerte de la joven.

'La conducta desplegada por los agentes de Policía contribuyó de manera relevante en la producción del daño que hoy se reclama', indica la sentencia, conocida por EL HERALDO, proferida el 6 de mayo pasado por el juez séptimo administrativo oral del circuito, Jesús Hernández Gámez.

'Papi, mira lo que me pasó'

En los recuerdos que Gabriel Ortiz mantiene nítidos en su memoria, su hija Diribeth está allí, sentada en el patio, conversando, sonriente, tranquila y apacible, con toda la vida por delante. Tal como amaneció ese funesto domingo.

A las 9 de la mañana, la joven dialogaba con su papá, su madrastra y el padre de esta, quien a esa hora lavaba su ropa en el patio. El día cabalgaba en una tranquilidad ordinaria.

Media hora después los alertó una acalorada discusión entre varios jóvenes vecinos en la terraza de la casa, lo que obligó a Gabriel Ortiz a cerrar el portón del callejón, como intentando dejar por fuera los problemas.

'Esa discusión, pelea o lo que fuera se extendió casi toda la mañana, como hasta la una de la tarde, que fue cuando llegaron los policías. La verdad no tengo claro si llegaron a hacer una requisa o la pelea era por un celular robado, pero los gritos se escuchaban acá adentro. Me paré y cerré el portón para que no se nos fueran a meter', recuerda.

En el patio, Diribeth se había parado en dirección al portón, tratando de escuchar lo que pasaba. A la 1:30 p.m. sonó el primer disparo. Gabriel se levantó alertado y la llamó: 'Mija, ven para acá'.

'Y nos volvimos a sentar; sonó el segundo disparo y ahí mi hija se me acercó y me dijo: ‘Papi, mire lo que me pasó’, se estaba agarrando el cuello y estaba botando sangre', rememora.

'Le dije a mi mujer: lleva a la niña al seguro, que le dieron un tiro. Yo partí el portón porque del desespero no lo podía abrir y vi no más al policía que tenía el arma en la mano. Le grité: ¡Me mataste a mi niña! El tipo estaba con la pistola en la mano y yo le dije: ¿Qué, me vas a matar a mí también?', cuenta el padre.

Estaba de vacaciones

A partir de ese momento el rollo de una película de horror empezó a correr aceleradamente hacia su final.

Diribeth fue trasladada por su madrastra en un taxi al Hospital General de Barranquilla, adonde llegó sin signos vitales. Mientras, en la cuadra, tal como recordó Gabriel, se armó la de ‘Troya’. La comunidad se enfrentó a un numeroso grupo de policías que llegó a brindar apoyo a los uniformados al frente del procedimiento.

Diribeth no vivía con su padre, pero para esa época primigenia del año disfrutaba los últimos días de vacaciones, antes de empezar el último grado de bachillerato.

'Tenía 15 días con el papá, pasando vacaciones y un día antes estuvo de visita en la casa', explicó Cleotilde Cuentas. 'Ese lunes entraba ya a clases, se le quedó el uniforme listo y todas sus cosas del colegio'.

Agentes destituidos

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que tres uniformados vinculados al proceso disciplinario fueron destituidos a los cuatro meses de lo acontecido.

Aunque no entregaron pormenores, EL HERALDO conoció que la Oficina de Control Interno dictó, el 9 de julio de 2014, un fallo de primera instancia que destituyó a los patrulleros James Hernández Riqueth, Alejandro Bello Sequeda y Víctor Díaz Molina. A los dos primeros les impuso además una inhabilidad por 10 años para ejercer función pública, y a Díaz, por 15 años.

'Mediante auto de fecha 19/01/2014 se inició indagación preliminar (radicado P-Mebar-2014-15), por personal por establecer, posteriormente mediante un estudio balístico de las armas de un personal que participó en el procedimiento se vincula en calidad de investigados a los señores patrulleros', explica un oficio de la institución.

Dicatamen clave

El fallo que declaró responsable de la muerte a la Nación, a través del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, fue consecuencia de la demanda que la familia Cuentas Ortiz interpuso a través del abogado José Luis Reales.

'En estos procesos no es relevante de dónde provenga el proyectil, lo importante es que una menor, que no tenía nada que ver con ese procedimiento, resultó fallecida', manifiesta Reales.

La sentencia cita que una de las pruebas presentadas durante el proceso fue la necropsia de Medicina Legal, que declaró la muerte de Diribeth Ortiz como violenta, 'por una herida por proyectil de arma de fuego penetrante a cuello'.

El juez sostiene que hay suficientes pruebas que demuestran cómo el deceso ocurrió cuando miembros de la Policía efectuaban un operativo, a escasos metros de la vivienda donde estaba la adolescente. La evidencia por la cual se determinó que su fallecimiento es imputable al Estado fue el análisis balístico del CTI de la Fiscalía, que dictaminó que se originó como consecuencia del uso de un arma de dotación oficial.

A pesar de que no fue posible recuperar el proyectil que impactó a la joven, en el lugar de los hechos fueron encontradas tres vainillas calibre 9 milímetros. El cotejo balístico se realizó con el armamento que portaban ese día los agentes que participaron en el operativo, y en el resultado se dedujo:

'Se logró establecer identidad o igualdad entre las vainillas incriminadas y vainillas obtenidas como patrones de laspistolas marca Sig Sauer, calibre 9 mm, números de serie SP0234646, SP0220605y SP0234567, es decir, que en cada arma se percutió una vainilla, tal como se demuestra en fotomicrofotografías adjuntas'.

Falla del servicio

En sus alegatos, el abogado de la Policía manifestó que por ser Rebolo una zona de alta peligrosidad en Barranquilla era probable que habitantes del barrio hubiesen disparado también y por ello se desconocía quién propició la muerte de la menor.

El argumento oficial, sin embargo, no fue respaldado con pruebas porque la Policía Judicial que inspeccionó el lugar de los hechos encontró solo las vainillas pertenecientes a las armas de dotación de los uniformados.

El juez Hernández plasmó en su decisión que, 'en conclusión, los responsables por omisión a su deber fueron los miembros de la Policía (…); así mismo, se configura una falla del servicio'.

Asegura, además, que los agentes 'excedieron el uso de la fuerza letal en servicio activo (…), y aunque la situación en el sector se hubiere tornado difícil, los agentes no demostraron que su actuar haya sido lo más apropiado'.

La Policía debe presentar disculpas públicas

La providencia del juez séptimo administrativo oral del circuito ordena además que la Policía realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en la muerte de Diribeth Ortiz Cuentas, y presente una disculpa pública a sus familiares. 'Igualmente se ordenará a la entidad a elaborar volantes informativos y una circular interna, donde se recuerden los protocolos de seguridad que deben seguir los miembros de la Policía cuando tengan que realizar operativos, para evitar lesionar a personas civiles y ajenas a los procedimientos'. Los impresos deberán 'contener una especial recomendación para impedir que niños, niñas y adolescentes, como sujetos de especial protección, terminen lastimados en los operativos policiales', recalca el juez.

*Este informe contó con la reportería previa de Carlos Polo.