Una auditoría de la Contraloría General a la contabilidad y la actividad de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) durante el año pasado, dejó una preocupante radiografía del sistema carcelario del país. Solo en 15 cárceles de la Costa, por ejemplo, se detectaron posibles irregularidades por $32.602 millones.
El informe elaborado por la contralora delegada al sector Defensa, Justicia y Seguridad, con fecha de entrega julio último, concluye que la gestión y resultados de la Uspec 'es desfavorable, como consecuencia de una calificación de 36,46', con base en los hallazgos relacionados en las 178 páginas.
Los hallazgos tienen que ver con una ineficiente gestión presupuestal, 'toda vez que se está pendiente de recibir bienes y servicios con cargo a los presupuestos de tres vigencias (2013, 2014 y 2015) por un total de $313 mil 647 millones'.
Hay además una falta de cultura del autocontrol; debilidades en la planeación, selección de proveedores y cobro de pólizas de seguro; incumplimiento de metas como fortalecer el suministro de bienes y servicios, modernizar la planta de personal, y robustecer los mecanismos de trasparencia institucional y lucha contra la corrupción.
Valledupar
El primer hallazgo fiscal relacionado con un correccional de la Costa se dio en la cárcel de Valledupar, conocida como la Tramacúa. Fue detectado en el contrato de obra 135, por valor de $2.252 millones, para 'el mantenimiento, mejoramiento y la conservación de la infraestructura física general' del establecimiento.
Para la Contraloría, lo irregular es que las obras se iniciaran sin diseños ni aprobación de las mismas. Y que luego 'el contratista y el interventor' causaron aplazamientos aduciendo 'demora para la entrega de diseños definitivos de las garitas', pese a que los mismos 'fueron entregados el 4 de noviembre de 2015'.
Información a medias
El contrato 363 fue suscrito en diciembre de 2014 con la unión temporal Alianza QTC, por valor de $5.984 millones para suministrar alimentos a la población de internos de la Penitenciaría de El Bosque (Barranquilla), y los reclusorios de Malambo (Militar) y Sabanalarga (funcionarios públicos), en el Atlántico; de Magangué, en Bolívar, y de San Andrés.
La Contraloría advierte que está en la lista de presuntas afectaciones al erario por posibles vicios en el proceso de selección pública del contratista: en la carta de presentación de su propuesta, QTC informó que no ha sido objeto de multas y sanciones, de carácter contractual o administrativas, por parte de ninguna autoridad, mediante acto administrativo que haya quedado ejecutoriado dentro de los dos años anteriores a la fecha de cierre de selección.
Y su representante legal certificó también, bajo juramento, que toda la información que reposaba en la oferta era veraz. Sin embargo, 'guardó silencio' sobre la declaración de incumplimiento que la Gobernación de Bolívar le impuso por un contrato de 2011, por valor de $280 millones, con la Corporación Sol Naciente, hoy Corporación Alianza Caribe, una de las empresas que conforman QTC. 'Resolución que quedó ejecutoriada el 6 de diciembre de 2012'.
Es decir, el proponente mintió al decir que no tenía multas o sanciones en firme dentro de los dos años anteriores. Lo hizo a pesar de que, como consorcio o unión temporal, debe tenerse en cuenta a todos y cada uno de sus miembros.
'No obstante, aunque la Uspec tuvo conocimiento de dicha sanción, hizo caso omiso bajo el argumento que la misma no se encontraba inscrita en el RUP (registro único de proponentes)', cuestiona el organismo.
Y la otra firma que integra la unión temporal, Qualiteam Catering, se sometió a reorganización en la Superintendencia de Sociedades y acabó declarándose en quiebra. El proceso se inició en mayo de 2014, siete meses antes del contrato con la Uspec.
Lo más grave para la Contraloría es que la Uspec hizo dos adiciones, en total por $1.186 millones 151 mil, al contrato inicial con QTC: una en septiembre y otra el 3 de noviembre de 2015. 'Pese a que era visible que dicha empresa no cumplía con la capacidad financiera exigida, pues finalmente mediante escrito del 20 de octubre de 2015, (…) solicita la liquidación'.
La Contraloría anunció la compulsa de copias a la Procuraduría y la Fiscalía para que se investiguen esas anomalías, al igual que pondrá en conocimiento del caso de Qualiteam a la Supersociedades.
Deterioro
Tres contratos suscritos con Estrada Navarro SAS para el suministro de alimentos a los internos, por un valor total de $24.360 millones, fueron cuestionados también. Los acuerdos cubren las cárceles de Valledupar (la Tramacúa y una militar), de El Banco, Magdalena; Riohacha, en La Guajira; Tierralta y Montería, en Córdoba; una en Sincelejo y dos en Corozal (una militar), en Sucre; y La Modelo, en Barranquilla.
La Contraloría indica que, para acreditar la experiencia mínima solicitada por la Uspec, Estrada Navarro presentó copia de un contrato de 2013 con el Hospital Militar.
'No obstante, el anexo aportado por la firma difiere del que se encuentra en el Secop (Sistema electrónico de contratación pública), toda vez que este último tiene registrado el menú Nro. 15, mientras que el allegado con la propuesta salta del menú 14 al 16', refiere.
Sobre el contrato 346 para la alimentación en las dos cárceles de Valledupar, en visita realizada el 21 de abril anterior, la Contraloría evidenció en el rancho falta de aseo, malos olores y cucarachas, acumulación de grasa, inadecuada ventilación y temperatura para la cocción de alimentos, grietas en paredes y baldosas del piso sueltas.
'Las instalaciones fueron entregadas en julio de 2015; sin embargo, presentan alto deterioro debido a que no se ha hecho aseo a las paredes desde que Estrada Navarro está ejecutando el contrato', expone.
Áreas de sanidad
En la cárcel de Montería fue recibida, por contrato del 24 de diciembre de 2013, una bicicleta estática para fisioterapia. Pero no funciona porque no tiene batería porque el contratista no la entregó.
'Sin que a la fecha de la visita (abril de 2016), la Uspec haya requerido la entrega de los elementos para el servicio, evidenciándose indebida gestión y subutilización de los bienes', conceptúa la Contraloría.
Y en el correccional de Tierralta, en el mismo departamento de Córdoba, hay un equipo nuevo de rayos X que tampoco funciona. 'Las paredes no se encuentran plomadas y el servicio de radiología no tiene licencia para el funcionamiento; además, no se cuenta con servicio de radiólogo', advierte.
Cupos y agua
En otro capítulo del informe, la Contraloría se centra en la misma cárcel de Tierralta y los 1.248 cupos carcelarios nuevos que la Uspec entregó entre 2014 y 2015. 'No obstante, de dicha capacidad solo se ha utilizado un máximo de 52%'.
El ente de control atribuye eso, entre otras causas, a una deficiente planeación contractual. Por ejemplo, la información estadística de hacinamiento exigía inversiones para establecimientos de mediana seguridad, pero el contrato 151 de 2013 se realizó para generar cupos en uno de mínima.
'Al parecer no se realizaron estudios previos y/o acciones para adecuar la infraestructura física a las necesidades del establecimiento, en sistema de acueducto y servicio de energía, cerramiento, telecomunicación y vigilancia', indica.
Tampoco se ha hecho un estudio de alternativas de fuentes de abastecimiento de agua. De las dos con que cuenta, una requiere un equipo de bombeo, pero la intermitencia del fluido evita que siempre sea posible; y la otra, la quebrada Santa Lucía, se seca en épocas de verano.
'El establecimiento no cuenta con sistema de tratamiento de agua potable, el área de sanidad no tiene tanque de reserva, y dada la deficiencia en el suministro de agua, los servicios de odontología solo pueden prestarse, generalmente, en la mañana'.
Y en la cárcel de Cartagena, en 2014, se entregaron 220 cupos en el pabellón 7, pero este solo podrá utilizarse cuando terminen las actividades de un contrato de 2015 para el mantenimiento del alcantarillado.
Invasión de indígenas
La radiografía del sistema carcelario en la Costa finaliza en el plan de construcción de una nueva penitenciaría en Riohacha (La Guajira), donde la Uspec firmó en diciembre de 2014 un contrato de consultoría por $1.939 millones.
'Consultoría para la elaboración de estudios y diseños técnicos, arquitectónicos, trámites y permisos para la construcción del establecimiento penitenciario de mediana seguridad', con el cual se proyecta generar 1.500 cupos en el predio Laguneta.
El terreno fue cedido el 30 de diciembre por la Gobernación de La Guajira, pero el proyecto está suspendido desde marzo de 2015. 'Se realizó visita el 9 y 10 de febrero, con la finalidad de dar entrega para el desarrollo de estudios y diseños, lo cual no fue posible por la invasión de un grupo de indígenas de la región en el predio'.
La Contraloría no se explica por qué la Uspec, en este caso, no respetó el derecho que tienen las comunidades indígenas a la consulta previa. 'Revisado el expediente contractual, no se evidencian soportes de las gestiones realizadas, previo a la suscripción del contrato'.
