En audiencia de imposición de medida de aseguramiento contra cuatro procesados por las millonarias estafas de Global Brokers , el juez segundo penal municipal, Camilo Pardo, indicó que las vendedoras de la empresa debían recaudar, cada una, $200 millones mensuales
La información fue recaudada por miembros de Policía Judicial mediante allanamientos y registros a las oficinas de Global Brokers en Barranquilla, en las que extrajeron de los computadores correos que daban cuenta del funcionamiento de la empresa que vendía supuestos bienes en remate.
Uno de los correos electrónicos que los investigadores rescataron fue de María Mónica Montero Castilla, gerente comercial de Global Brokers, quien tenía a su cargo un grupo de vendedoras. Según la Fiscalía, la mujer les reiteraba el compromiso que tenían con la empresa, al tiempo que les recordó que así como el pago era puntual, asimismo debían ser ellas puntuales con la cuota de $200 millones mensuales, la cual debían cumplir.
Pese a que el abogado de Montero Castilla quiso demostrar que era otra víctima más porque supuestamente desconocía lo que sucedía en la empresa, el juez señaló que en cada una de las denuncias instauradas, las víctimas la señalaban como la gerente comercial de la empresa, y la que les vendió la idea de una casa.
'No hay asomo de que María Mónica Montero o su defensa puedan manifestar que no conocía lo que estaba sucediendo al interior de Global Brokers; ella tenía el rol de gerente comercial y su función era la de dilatar los tiempos de entregas, lo que vendía en muchas ocasiones era una fábula', dijo el juez Camilo Pardo.
Llamado de atención
José Gregorio Pérez Arteaga, quien fungía como gerente general de Global Brokers, envió el 25 de noviembre de 2014 un correo electrónico a Montero Castilla, en el que le llamaba la atención.
Pérez Arteaga se molestó debido a un inconveniente que tuvieron con dos fiscales con los que hicieron un negocio.
'Buena tarde María Mónica, como es sabido por usted, desde el negocio que se realizó con el servidor público de un juzgado de Barranquilla, quedamos en que no se haría este tipo de negocios con ningún servidor público, pero para sorpresa tenemos negocio con dos fiscales que suman 340 millones de pesos. En este momento informaron que tomarán acciones en la Fiscalía y los medios de comunicación al haberles vendido un negocio con vicios y por haberles dado información en cuanto al tiempo de entrega inferior a tres meses', leyó el juez ´para sustentar su decisión.
El gerente general de Global Brokers agrega que: 'Situaciones como estas son las que contribuyen al detrimento de la empresa, por tal razón si a partir de la fecha, usted y su equipo de ventas realizan negocios con funcionarios públicos, se harán efectivos los títulos valores que reposan en la compañía, en contraprestación con los daños que se puedan causar por una decisión como la suya. En este orden de ideas, se le prohíbe atender negocios que se celebren con servidores públicos como fiscales, funcionarios de notarías, juzgados, Fiscalía, altos mandos de las fuerzas militares y fuerza pública entre otros, inclusive medios de comunicación'.
El juez decidió enviar a la cárcel a Gina María Martínez Maestre, jefe comercial; Lourdes María Torres Martínez, quien se encargaba del cambio de garantías a los clientes; y a Carlos Andrés Leal Chávez, que ejercía la labor de jefe de presupuesto de la empresa.
A Montero Castilla le otorgó detención domiciliaria por encontrarse en el séptimo mes de embarazo.
