Un trabajo articulado entre funcionarios de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, el Centro Cibernético de la Dijin de la Policía Nacional, la Fiscalía y Colpensiones, permitió las capturas de 14 personas implicadas en un fraude cibernético contra la administradora de pensiones del Estado, por más de 700 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, los detenidos 'se valían de software ‘maliciosos’ para filtrar los archivos de nómina de la entidad y hurtar los pagos de los funcionarios', informó Colpensiones en un comunicado.
Las pesquisas fueron comenzadas en abril de 2014 por las autoridades judiciales, luego de las denuncias interpuestas por directivos de Colpensiones.
Las capturas de los 14 sospechosos se efectuaron en Bogotá. Con estas, ya son 36 las personas detenidas por su presunta participación en el fraude cibernético contra la administradora de pensiones de el Estado.
'La política de Colpensiones es prevenir y proteger del riesgo de fraude, no solo los recursos públicos que administra la entidad, sino también el patrimonio económico personal de los usuarios y trabajadores de Colpensiones, evitando que sean engañados por delincuentes', indicó Mauricio Olivera González, presidente de Colpensiones.
El funcionario explicó que la entidad pública 'actúa con contundencia' para combatir el fraude.
'Se ha dispuesto una serie de acciones efectivas para recuperar los recursos públicos, tales como presentación de denuncias penales, la revocatoria directa de los actos administrativos irregulares, el cobro coactivo y persuasivo', mencionó. 'La presentación de incidentes de reparación en los procesos penales y la presentación de demandas de extinción de dominio, entre otros, para que las autoridades competentes investiguen y judicialicen esta clase de hechos'.
La entidad ha dispuesto también el portal web de Colpensiones, en la pestaña Antifraude, y la línea gratuita 018000518500. 'Por medio de los cuales se ha logrado evitar que los delincuentes se apropien de más de 20.000 millones de pesos', informó Olivera.
Un juez de control de garantías legalizó las capturas de las personas capturadas, cuyas identidades no han sido dadas a conocer. Todas afrontan cargos por delitos como hurto por medios informáticos y semejantes.
