La investigación de la Fiscalía por corrupción al interior del Instituto Municipal de Cultura de Soledad (IMCS), en liquidación, está enfocada a toda su contratación en 2013 por valor de $1.300 millones.
'Esta es apenas la primera fase', aseguró una fuente, refiriéndose a la captura de la exdirectora Saskia Donado Ibáñez y a las irregularidades expuestas en la audiencia de imputación de cargos contra ella, por peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, como EL HERALDO lo pormenorizó en un informe publicado ayer domingo.
Las labores en cabeza del despacho 60 de la unidad de delitos contra la administración pública y funcionarios del CTI, sin embargo, se estrellaron con el liquidador del IMCS. Un detalle que también fue dado a conocer por la Fiscalía, durante la comparecencia de Donado ante el juzgado promiscuo municipal de Galapa.
Al formalizar los procesos de supresión del instituto de Cultura y Deporte, el alcalde Franco Castellanos Niebles (2012-2015) nombró liquidador a Juan Bautista Pacheco Padilla.
Sobre él, la fiscal 60 sostuvo lo siguiente: 'esta labor se ha visto maltratada, interrumpida por parte del liquidador, toda vez que esta persona ha obstaculizado la investigación'.
Para evidenciar esa postura, la delegada se refirió a una respuesta que le dio a un requerimiento suyo, con el cual pretendía obtener los pormenores de la contratación del IMCS. 'Hace la negación de suministrar información, pero, de acuerdo a las labores de auditoría de la Contraloría y la Personería de Soledad, era donde reposaba la documentación'.
Nuevo trámite
Pacheco ocupó el cargo hasta el 4 de diciembre porque no amplió el periodo contemplado en el acuerdo 069 del 4 de marzo, firmado por Castellanos para la duración de la liquidación de los entes de Cultura y Deporte.
'El proceso tendrá un plazo inicial de nueve meses contados a partir de la vigencia del presente decreto, el cual podrá ser prorrogado (…)', indica la disposición.
Cecilia Lozano Pereira, secretaria jurídica del municipio, sostuvo ayer que 'debemos comenzar un nuevo trámite' a raíz de que Pacheco no cumplió la labor, ni tampoco extendió el término para hacerlo en la administración de Joao Herrera Iranzo (2016-2019).
'No podemos nombrar un nuevo liquidador porque el término feneció el 4 de diciembre', dijo. 'Entiendo que (nuevamente) se debe solicitar al Concejo que le dé facultades al Alcalde para que ordene liquidarlo, nombre liquidador y realice todos los trámites'.
Actitud similar
En la audiencia contra Donado Ibáñez, la fiscal 60 anunció que está 'próxima también a imputarle cargos' a Juan Pacheco. 'Dado su hostilidad, su negación y omisión a colaborar con la justicia, en su calidad y función de liquidador'.
Enfatizó además que la información conseguida para la investigación penal contra Donado, solo fue posible por lo que ya habían recopilado las auditorías de los entes de control. 'Unos contratos se obtuvieron por las inspecciones a lugar de los auditores de la Contraloría y, de igual forma, la Personería, para efectos de investigaciones de tipo disciplinario y fiscal'.
Lozano mencionó que el exliquidador tuvo una actitud similar en el proceso de empalme entre Castellanos Niebles y Herrera Iranzo. 'Cuando llegamos a la administración, el primero de enero, se le requirió en múltiples oportunidades para que entregara la información, esto es la gestión que había adelantado, informes de los activos y pasivos de la entidad, para mirar qué debía hacerse para continuar con el procedimiento'.
Pero el proceso 'fue un poco lento' porque Pacheco no aparecía, primero, y después entregó información incompleta.
'Luego –continuó– hicimos un acta de entrega de esta información y la Alcaldía procedió a analizar para determinar lo que había entregado y el procedimiento que se debe seguir para terminar la liquidación de estos institutos, porque el señor no terminó la liquidación'.
¿O sea, no los liquidó? 'Exactamente', contestó Lozano Pereira, y añadió que 'unos asesores' están analizando la documentación entregada por Pacheco para la presentación del nuevo acuerdo al Concejo.
EL HERALDO intentó comunicarse por teléfono con el exliquidador, pero no fue posible. Tampoco se obtuvo respuesta al mensaje de voz que se le dejó.
Irregularidades
Los institutos de Cultura y Deporte eran entes descentralizados de Soledad. El primero manejaba recursos propios del Sistema General de Participación y la estampilla Procultura, por los cuales tuvo en 2013 ingresos y presupuesto por $1.714 millones.
De ese total, el IMCS contrató $1.321 millones, de acuerdo con los documentos que la Fiscalía recopiló, a través de las auditorías de la Contraloría y la Personería del municipio.
En el caso de Donado, las sospechas de manejos irregulares pasaron a hechos demostrados porque ella, acompañada por su abogado de confianza, se allanó ante el juez a los delitos que la Fiscalía le imputó: peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
La fuente consultada indicó que, por eso, en esta 'primera fase' de la indagación se le atribuyen anomalías detectadas en solo seis contratos revisados, los cuales suman $65 millones.
Los actos de corrupción incluyeron falsificación de firmas, cuyos dueños aseguraron no haber sido contratados en 2013 por el instituto; la no publicación de los procesos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), pese a que es obligación; y el uso de un mismo tipo de contratos denominados 'de prestación de servicios', con un reiterado objetivo y valores a pagar similares.
También hacen parte del expediente las entrevistas rendidas por la rectora y el coordinador del Instituto Técnico Industrial del Atlántico (Itida), de que no conocían a varios de los gestores culturales supuestamente contratados por IMCS para dictar clases de música y teatro.
'En el Itida no se llevó a cabo (en 2013) ninguna actividad de tipo cultural por parte del Instituto de Cultura de Soledad', respondió el coordinador a los investigadores del CTI.
