El caso de un policía que en agosto del año pasado se topó con una cédula que solo se diferenciaba de la suya por la foto, al requisar a un hombre en Campeche, corregimiento del municipio Baranoa, fue uno de los eventos que precipitó la investigación por la que fueron capturados cinco registradores y dos exregistradores del Atlántico, por tráfico de migrantes.
'Lo encontramos en un plan de requisas a vehículos y, al momento de pedir antecedentes, hallé que se estaba identificando con mis datos', contó el uniformado.
Ese fue uno de los comienzos del operativo cumplido el miércoles por agentes del CTI y oficiales de Migración Colombia, que arrestaron a los registradores especiales de Barranquilla Carlos González Torres y Boris Polo Padrón; los municipales Arturo Camargo Jiménez (Malambo), Hernando Peña Romero (Santo Tomás) y Juan Meriño Mercado (Ponedera); y los exregistradores Warner Bolívar Cueto (Candelaria) y Luis Manjarrés Moncada (Luruaco).
Todos fueron trasladados la tarde del mismo día a Cartagena, 'por dificultades con las garantías para el proceso' en Barranquilla, dijo una fuente de la Fiscalía. Las audiencias de legalización de capturas e imputación de cargos, presididas por un juez, se realizaron el jueves y viernes en el Centro de Servicios Judiciales de esa capital.
Y fue precisamente en la imputación que un fiscal especializado que lleva la indagación reveló detalles de las pesquisas, como que un ciudadano indio admitió ante Migración que en Barranquilla pagó $1 millón por el registro civil, la cédula y el pasaporte como ciudadano colombiano.
Desde adentro
Las pesquisas, desarrolladas entre 2013 y octubre de este año, tuvieron apoyo de la misma Registraduría y los resultados de una auditoría interna que se practicó en todas las sedes del país.
Pero también de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas, de la Embajada de Estados Unidos, que previno a Migración y la Fiscalía de la 'presunta comisión del delito de tráfico de migrantes' y la 'documentación fraudulenta de ciudadanos de diferentes nacionalidades como colombianos'.
De manera explícita, la autoridad de EEUU advirtió que 'un venezolano conocido como Jesús ofrece obtener la cédula legítima y el registro civil de nacimiento, por un costo de $400 mil'.
'Así mismo –agregó– tiene un enlace dentro de la Registraduría de Barranquilla, la cual es encargada de ingresar a las personas a las instalaciones, les toma fotografías, huellas; les imparte instrucciones de la validez, los impedimentos que tienen, como que no pueden realizar con esos documentos diligencia de bancos, contratos, ni de salud'.
'Según ella, esa contraseña solo es válida para trabajar y tiene una duración de tres meses. Igualmente los instruye sobre la consecución de la cédula original y el registro civil de nacimiento por $400 mil', puntualizó.
La alerta reforzó las sospechas de Migración, que en ese tiempo atendió al menos 40 casos de extranjeros con documentos irregulares. Estos mismos, en entrevistas, manifestaron que 'vienen al país, sacan el documento, pagan por ello y les dan la nacionalidad'.
¿Error o intención?
Una fuente de Migración explicó que la mayoría de anomalías se realizaron a través del Decreto 1260, expedido en 1970 por el Gobierno para que poblaciones como indígenas u otras con difícil acceso a las ciudades, tuvieran la facilidad de registrarse con solo presentar a dos colombianos que atestiguaran que eran nacidos en el país.
Lo anterior podría significar que las mismas leyes dejaron una puerta abierta que facilitó el otorgamiento viciado de la nacionalidad.
Donaldo Del Villar Delgado, abogado del registrador González Torres, aseveró a este diario que 'muchas de las irregularidades halladas son producto de fallas estructurales del sistema registral y las precarias condiciones en que laboran estos empleados. Esta labor especial se basa en la distribución de funciones, donde impera el principio de confianza y buena fe'.
Pero Luis Felipe Murgueitio, subdirector general de verificación de Migración, sostuvo que no puede hablarse de errores inducidos.
'Al tratarse de tantas veces y por tantos años, y además repitiendo el modus operandi de una manera tan clara, orientado a una población específica de extranjeros, ya el problema no se vuelve una simple inducción al error, sino una violación de la norma que, ya lo dirán los jueces, es del todo intencionada', sostuvo en diálogo con EL HERALDO.
Italo-bolivarense
Para referir los resultados de la investigación, el fiscal del caso dividió la formulación de cargos por cada oficina registral donde se cometieron los presuntos fraudes.
En cada una, los hallazgos del CTI y Migración giraron en torno a registros solicitados con testigos que dieron fe de que los inscritos, supuestamente, sí eran nacidos en Colombia, pese a que sus padres eran de libaneses, árabes, venezolanos, chinos, italianos o cubanos.
En la Registraduría de Barranquilla se contabilizaron 231 registros viciados: 204 firmados por Polo; 25, por González y dos sin firma.
Uno que llamó la atención de los investigadores fue el de un hijo de italianos que, según la inscripción a su nombre, nació el 30 de mayo de 1999 en el municipio Córdoba (Bolívar).
También se detectó inconsistencias en la inscripción del documento: primero se le asignó el serial 56523686, luego el 56523685 y terminó con el 56523132.
'Para lo cual allegaron un documento diferente al español, registrando a los padres del inscrito de nacionalidad italiana, pero no se evidencio soporte de la residencia de los padres (en Colombia)', expuso el fiscal.
Como ese caso fueron descubiertos nueve seriales que figuran como válidos, pero no sin soportes de que hubiesen sido diligenciadas a la oficina central de control en Bogotá, ni en los archivos de la sede de esta ciudad.
De inscripciones de hijos de padres extranjeros, pero solicitadas con presuntos testigos, el CTI y Migración totalizaron 919 casos, de los cuales 131 tampoco fueron informados a Bogotá.
'Es de esta Registraduría especial donde más personas han utilizado el registro para salir del país. Aproximadamente 61 han continuado su ruta de migración, convirtiendo a Barranquilla en un lugar de paso para adquirir sus documentos y seguir su ruta en el mundo', anotó el fiscal.
Tarifas
Las distintas entrevistas de Migración a extranjeros permitieron a las autoridades que el valor de los trámites dependía del origen del interesado.
Para venezolanos, el costo oscilaba entre $150 mil y $400 mil. Un indio, libanés, italiano u otro extranjero venido Europa, Asia o Arabia pagaba entre USD 400 y USD 500 (hasta $1 millón 500 mil, al precio actual del dólar). En la Registraduría de Barranquilla, de acuerdo con las pesquisas, 29 libaneses realizaron trámites fraudulentos.
Los cubanos, pese a ser de esta parte del planeta, también pagaban en dólares. Hasta USD 500 . 'La razón es que ellos manejan dólares porque sus familiares en Estados Unidos les financian los movimientos, a través de los giros que les mandan', detalló una fuente de Migración.
El siguiente es el testimonio de una venezolana, sorprendida el 12 de octubre anterior por Migración con una cédula colombiana.
'Me la sacó un señor, que no recuerdo el nombre. Él me explicó que iba a llegar a la Registraduría de Malambo, allá me tomaron las huellas y un registro civil que no sé de dónde lo sacaron y la foto mía. Lo conocí en una cafetería de Soledad, se me acercó, me preguntó si era venezolana, me dijo que hacía el trámite para sacar cédulas colombianas. Pagué fueron $150 mil. Era un señor blanco, delgado, de unos 60 años, cabello canoso, con bigotes y cejas pobladas'.
En municipios
Agentes del CTI realizaron una muestra aleatoria de los trámites realizados desde 2013 en las registradurías municipales implicadas en la investigación, la cual arrojó una 'altísima producción' de registros de nacimiento.
'En muestra aleatoria, en junio (no se precisa el año) se establece que 80% de los registros en Malambo y Luruaco corresponden a madre y padre venezolano. Aumenta un 90% en la Registraduría de Santo Tomás', pormenorizó el delegado acusador.
En Malambo se concentró la mayoría de casos con testigos que, al parecer, aportaron información ficticia: 5.704. La sospecha de que atestiguaron mentiras radica en que solo un testigo sirvió para 1.759 registros, otro en 1.436, otro en 984 y otro en 379, por mencionar algunos.
En Candelaria se expidieron 13 inscripciones de nacimiento sin el lleno de los requisitos. Y ocurrió como en Barranquilla y Malambo, que algunos no tenían ni siquiera firma del registrador Camargo o tampoco fueron diligenciados al sistema central de la Registraduría.
La oficina de registro de Luruaco fue para la investigación, como su similar de Malambo, un capítulo aparte. El análisis aleatorio del CTI concluyó que, en mayo de 2013, la Registraduría de Luruaco produjo 51 registros de nacimiento, de los cuales el 100% fueron padres y madres venezolanos, sin que hubiera soportes de los mismos. Pero además detectó 39 registros civiles de hijos con padres libanses, sin que haya sido aportado un documento o soporte que demostrara su nacimiento en Colombia.
En Ponedera, las autoridades encontraron 45 registros civiles sin firmas de Meriño, de los cuales se pudo estableció por Migración que con documentos expedidos allí, 13 personas salieron del país.
Y en Santo Tomás, 255 inscripciones de nacimiento tramitadas en los últimos cuatro años, no están diligenciados en la base de datos principal de revisoría civil, pero sí en la oficina. 'Simplemente se inscribían como hijos de venezolanos, con testigos, pero sin demuestra la nacionalidad de los mismos', advirtió el fiscal.
