Un juez ordenó las libertades de los registradores especiales de Barranquilla Carlos González Torres y Boris Polo Padrón, y del registrador municipal de Ponedera, Juan Meriño Mercado, implicados por la Fiscalía en una indagación por tráfico de migrantes.
'El juzgado se abstiene de imponer medida de aseguramiento de cualquier índole', indicó el juez 12 penal municipal de Cartagena, José Sepúlveda Vargas.
En la decisión se impuso detención en la Penitenciaría de El Bosque al ex registrador municipal Hernando Peña Romero (Santo Tomás), y domiciliarias a los exregistradores Arturo Camargo Jiménez (Malambo), Warner Bolívar Cueto (Candelaria) y Luis Manjarrés Moncada (Luruaco).
Las medidas fueron anunciadas en la madrugada de ayer en la tercera de las audiencias preliminares cumplidas en Cartagena. Los investigados fueron trasladados el miércoles pasado a esa ciudad, luego de que el CTI y Migración los capturaron en Barranquilla y las mencionadas poblaciones.
Al ser detenidos, Peña y Camargo eran registradores activos. Pero el juez dijo 'ninguno funge como servidor público en la actualidad', al referirse a ellos, Bolívar y Manjarrés. La Registraduría informó que Bolívar 'se retiró hace años' y Manjarrés estuvo en el cargo 'hasta hace cuatro meses, cuando fue destituido'.
Ni concierto, ni cohecho
Polo, González y Meriño afrontarán el proceso en libertad porque, de momento, no hay evidencias para que estén detenidos. Todos seguirán, no obstante, vinculados a esta investigación.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, afirmó en rueda de prensa que los detenidos afrontan cargos por tráfico de migrantes, cohecho, prevaricato por acción, falsedad en documento público y concierto para delinquir.
'Se trata de una verdadera red criminosa que, durante estos últimos cuatro años, según las evidencias, probarían que han expedido alrededor de 8.000 registros falsos. Por esos registros cobraban entre $400 mil y $700 mil, y nuestras investigaciones concluyen que pudieron haber acumulado ganancias criminales cercanas a los $5.000 millones', declaró el miércoles.
El fiscal especializado de Antioquia que lidera el caso, sin embargo, no incluyó en la imputación a los registradores y exregistradores los delitos de concierto para delinquir y cohecho.
Según las pesquisas, en las mencionadas registradurías se ha facilitado desde 2013 el tráfico de migrantes cubanos, libaneses, chinos, italianos, sirios, árabes y lituanos. Para ello, a cambio de dinero se han expedido la nacionalidad colombiana con información falsa.
En el caso de registros civiles, la Fiscalía dio a conocer que se detectó el uso de falsos testigos que dijeron haber visto a los inscritos nacer en este país.
Ligereza y equivocación
El abogado Donaldo Del Villar Delgado, defensor de González, dijo que su cliente no ha incurrido en delitos ni tiene antecedentes. 'Fue una ligereza con la que se actuó', aseguró en rueda de prensa a la que asistió González, quien no entregó declaraciones a los medios.
Del Villar cuestionó que el fiscal general afirmara que los funcionarios y exservidores conforman una red criminosa. 'Es una conjura infame e injusta, sobre todo cuando ninguno de esos cargos, cohecho y concierto, fueron objeto de imputación'.
Faustino Álvarez Esquea, abogado de Polo Padrón, sostuvo por teléfono que en el caso de su defendido se demostró también que hubo una equivocación. 'El doctor Polo no tenía nada que ver con esas conductas'.
Ambos abogados citaron como elemento probatorio el manual de funciones de la Registraduría.
'Se puede ver que el registro pasa por muchas manos y el registrador es la última persona que conoce. Hay fallas estructurales en el sistema registral, por las cuales el funcionario no puede responder, mucho menos penalmente', aseveró.
'Pudo citarse a una diligencia para que (Torres) explicara el procedimiento de registro, constituido por las etapas de recepción, extensión y otorgamiento, que están a cargo de otros funcionarios, como en toda labor de equipo, que implica la distribución de funciones', enfatizó Del Villar.
El defensor puntualizó en que la Fiscalía debe investigar a fondo cada una de las etapas de registro y documentación, para que así determine qué funcionarios pueden estar implicados en las posibles irregularidades.
Los registradores González y Polo solicitarán a la Registraduría permanecer en sus cargos. A Meriño Mercado y su abogado no fue posible contactarlos.
