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Un nuevo operativo anticorrupción produjo las capturas de 15 policías y tres particulares por presuntos chantajes a conductores, en el área metropolitana de Barranquilla, a través de la violación a la base de datos del Registro único nacional de tránsito (Runt). Las detenciones fueron dadas a conocer por la Policía.

'Esos uniformados estarían incurriendo en el delito de acceso abusivo a sistema informático, con el fin de buscar algunos beneficios personales', aseguró por teléfono el general Gonzalo Londoño Portela, comandante de la Mebar.

El manejo ilícito se daba por medio de la obtención de información sobre la documentación de algunos vehículos, respecto a la vigencia del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat) y el certificado de revisión técnico mecánica.

La intención de los implicados, de acuerdo con las autoridades, era no aplicar las normas sancionatorias para 'obtener a cambio, seguramente, una dádiva', agregó Londoño.

'Tenemos un compromiso contra todo lo que signifique actos de corrupción; es nuestro indeclinable propósito seguir siendo nosotros, la misma Policía, la que depure la institución y esto permita que nuestra comunidad confíe', sostuvo.

En un comunicado, la Fiscalía indicó que los policías activos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por omisión, peculado por uso, abuso de funciones públicas, concusión y acceso abusivo a un sistema informático. Los tres particulares, por concierto para delinquir, acceso a sistemas informáticos y concusión.

Identidades

En las pesquisas están comprometidas 20 personas: 16 funcionarios y cuatro civiles, mujeres, quienes tenían órdenes de aprehensión expedidas por el juzgado 1ro. promiscuo municipal de Usiacurí, a petición del fiscal 29 seccional de Administración Pública, Guido Rivero Mouthon.

Los policías bajo arresto son el subintendente Roberto De la Ossa Wades. Los demás son patrulleros: Luis Fernando Flechas Garzón, Jorge Eduardo Guerrero Arias, John Anderson Rincón Parra, Daniel Gustavo Rodríguez Sánchez, Rubén Marino Angulo Mendoza, Oswaldo Rafael Prent Alcázar, Luis Guillermo Díaz Gutiérrez, Robin Enrique Hernández Orozco, Elías José Montes Sierra, Alfonso Mario Lamadrid Villamil, Víctor Alfonso Ribón Garibello, Dewin Realpe Gámez, Wilmer De Jesús Estevez Simpson y Jair Alberto pertúz Tilano.

Las particulares son Erika Regina Flórez Revuelta, esposa del patrullero Flechas; Zaida Paola Pardo Quintero y Stephanie Alejandra Benítez Ladeus, señaladas de cumplir las funciones de radio operadoras.

Las autoridades se encuentran en la búsqueda de las otras dos personas involucradas que no han sido detenidas: el patrullero Hecler Fernando Ruiz Moreno y la abogada Sandra Paola Macías Bravo.

Desde Bogotá

En la investigación de la Policía se estableció que el patrullero Jorge Eduardo Guerrero Arias, que labora en Bogotá en el centro estratégico de información de la Policía, aprovechó su cercanía con la oficina de telemática y accedió a las claves que el Ministerio de Transporte asignó a esa institución, para el manejo de la base de datos del Runt.

'Supuestamente accedía a las claves del Qhrun, un sistema de información, para realizar consultas sobre el estado de los vehículos que transitan en el territorio nacional y que tuvieran vencida la documentación obligatoria. Con ello habría creado una empresa criminal, en asocio con un funcionario de tránsito de la Policía de Barranquilla', detalló la Fiscalía.

La manera de delinquir de la denominada banda ‘los Plaqueteros’ consistía en contactar a agentes de tránsito o de vigilancia, para ofrecerles el servicio ilegal de conocer el estado de los vehículos, a cambio de que pagaran tarifas diarias de $30 mil y $60 mil.

Habiendo cancelado la cuota, la red permitía a los funcionarios 'hacerle seguimiento a los automotores y exigencias económicas a sus dueños, con el fin de no inmovilizarlos al aplicarles las normas que rigen el seguro obligatorio y la revisión', pormenorizó la información.

Centrales paralelas

De acuerdo con la indagación, Guerrero Arias facilitó un usuario y la contraseña a su compañero Flechas, a quien la Fiscalía le atribuye el liderazgo de una parte de ‘los Plaqueteros’.

Con esos datos, Flechas creó una central de comunicaciones ilegales en un apartamento del sector Barrio Abajo, donde las radio operadoras tenían la misión de consultar por computadores la información sobre los vehículos cuyas placas iban suministrando los patrulleros.

Una fuente explicó que el nombre de la banda surgió de que, en el argot policial, se le dice ‘plaqueta’ a las placas de carros y motos. De ahí que los investigadores de la Policía denominaran ‘plaqueteo’ a que los agentes ‘radiaran’ las placas, con el fin de saber si el propietario no había pagado el soat o sometido el automotor a la revisión técnica.

La otra central paralela, consta en el expediente, fue montada en un apartamento del barrio Universal por el patrullero Yersson Caballero Gómez, luego de que tuviera diferencias económicas con Flechas.

Pero Caballero falleció el 16 de julio de este año en un accidente de tránsito, en la vía entre Barranquilla y el municipio Ciénaga (Magdalena), al chocar en su moto contra una buseta. Ante esta coyuntura, la segunda oficina ilegal quedó bajo la coordinación de Sandra Macías, conocida como ‘Paola’.

El fiscal Rivero y su fiscal de apoyo Erwin Arévalo Rolon, titular del despacho 22 de la URI, solicitaban al cierre de esta edición al juzgado 12 penal municipal que legalizara los allanamientos y las capturas, en la sala 11 del Centro de Servicios Judiciales de esta ciudad.