El fiscal 45 especializado de la unidad de delitos contra el medio ambiente, William Orlando Jaiquel, imputó el delito de contaminación ambiental a los hermanos Héctor y Alexander Cancelado Barreto, representantes de la Comercializadora Juney Simplificado, dedicada a la fundición de plomo, la cual funcionaba en la vereda La Bonga, en Malambo.
Luego del reportaje titulado ‘Los afectados que deja el negocio de la fundición de plomo’, publicado el 31 de agosto de 2014 en EL HERALDO, el cual ganó el premio Simón Bolívar en la categoría de estímulos al periodismo joven, la Fiscalía inició una investigación en contra de los representantes legales de la comercializadora por la contaminación ambiental que crearon por emisiones peligrosas al aire, suelo, subsuelo e incluso alterando los recursos hídricos subterráneos, problemática que se originó por la fundición del metal plomo.
En la audiencia de imputación de cargos realizada el viernes, los hermanos Cancelado Barreto aceptaron el delito formulado por el representante del ente acusador, al tiempo que se abstuvo de solicitar al juez de control de garantías medida de aseguramiento contra los procesados, por lo que fueron dejados en libertad.
La Fiscalía deberá presentar la acusación contra los procesados, a la espera de que un juez penal del circuito decida si siguen en libertad o en su defecto les dicte medida de aseguramiento, ya sea intramural o domiciliaria.
Cierre de 5 empresas
El 30 de mayo de 2014 el entonces alcalde de Malambo, Víctor Escorcia, mediante decreto No. 123, ordenó el cierre definitivo de cinco empresas fundidoras de plomo por la no renovación de permiso ambiental y afectación a la salud, debido a los resultados que entregó en mayo de ese año el Instituto Nacional de Salud, que demostraron que 147 de los 250 habitantes del sector de La Bonga tenían plomo en la sangre, incluso familiares de Brayan Rafael Miranda, de 12 años, denunciaron que el menor murió afectado por el plomo.
Las empresas cerradas por la Alcaldía de Malambo fueron Metcaribe S.A, Acumuladores del Caribe S.A.S., Reciclal, Fundidora J & G y Recuperaciones del Caribe Ltda., sin embargo, en septiembre del mismo año el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal ordenó la apertura de la empresa Metcaribe S.A. con el argumento de que las autoridades vulneraron el derecho al debido proceso, decisión que fue impugnada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y la Alcaldía de Malambo.
Tras el cierre de las cinco fundidoras en Malambo, las autoridades hallaron a principios de 2015 dos centros de operaciones de una recuperadora del metal en área rural del municipio de Sitionuevo (Magdalena), una cerca de la vereda Aguadulce y otra entre las veredas San Antonio y Carmona.
Según la Fiscalía, estos pertenecían a los hermanos Cancelado Barreto, quienes 'montaron fábricas clandestinas' de fundición de plomo y residuos sólidos plásticos y de vidrio.
En los dos lugares (fincas) fueron hallados moldes para plomo fundido, carbón, hornos, y pilas de residuos plásticos de baterías de carro, de donde es extraído el plomo para su recuperación y refundición. Todo estaba a cielo abierto, sin aislamiento ni cuidado.
Entre las irregularidades, funcionarios de la CRA encontraron que la Comercializadora Juney Simplificado no tenía autorización para el manejo y procesamiento de envases plásticos provenientes de baterías usadas. Además que la comercializadora había sido suspendida en marzo de 2013 por una resolución de la CRA.
El delito de contaminación ambiental está tipificado en el artículo 332 del Código Penal Colombiano, el cual estipula una pena de prisión que va desde los 4 años y 6 meses hasta los 9 años.
