En decisión de segunda instancia, la jueza cuarta penal del circuito, Gloria Amparo Giraldo Ruíz, confirmó las libertades a cinco procesados por el presunto desfalco al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), regional Atlántico, en dos contratos destinados para la alimentación de 1.778 niños de 0 a 5 años de Ponedera y Tubará, así como a madres lactantes y gestantes, por valor de $2.500 millones.
Los cobijados con la decisión son Yolanda Ruiz Pinzón, exdirectora regional del ICBF; Oneida Elena Bayona Barros, Carlos Gamarra Sierra, Janeth María Ortega de Camargo y su esposo Eduardo Camargo Ortega, a quien la jueza no encontró méritos para dictarles medida privativa de la libertad.
En el mismo fallo, la togada ratificó la medida de detención domiciliaria que les fue impuesta por el Juez 13 Penal Municipal el pasado 13 de enero a Luis David Avendaño Méndez, representante legal de la unión temporal Unidos por la niñez, y Rosmery Maldonado Fontalvo.
En tanto que a Orlando Jessurum Torres, Carlos Villanueva Hernández y Luis Avendaño Fernández, la funcionaria judicial les dictó medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
Estas tres personas gozaban de libertad luego de que el Juez 13 Penal Municipal no les dictara ninguna medida en su contra.
De acuerdo con el fiscal 29 de delitos contra la administración pública, los procesados que fueron cobijados con medida de detención domiciliaria pagaron, presuntamente, arriendos y otros gastos irregulares con el dinero que era para alimentar a 1.778 niños de Ponedera y Tubará que tenían entre cero y cinco años.
Los contratos en los que se habrían presentado las presuntas irregularidades fueron el 331 del 22 de diciembre de 2014 por valor de 1.208 millones de pesos y el 346 de la misma fecha, por 1.253 millones.
Los hechos. Sobre la modalidad, explicó el entonces vicefiscal Jorge Perdomo, 'se sacaron a licitación contratos para la prestación de la alimentación y útiles de aseo en niños de Tubará y Ponedera, y fueron adjudicados a la UT creada para esa finalidad, sin que esta contara con la capacidad técnica financiera y administrativa para ejecutarlos'.
Dijo el funcionario que se pagaron costos que no estaban comprendidos dentro del objeto, como arrendamientos a las personas que suministraban. También, informó, hubo sobrecostos del 30 por ciento en refrigerios, y del 40 por ciento en el suministro de los útiles de aseo, y se pagaron otros costos no autorizados.
En su decisión, la juez cuarta penal del circuito señaló en relación con Yolanda Ruiz Pinzón 'dentro de las funciones del director regional del ICBF no está la supervisión del cumplimiento del contrato ya que es una función correspondiente al supervisor o interventor del contrato'.
Y agregó ' y como dentro de la actuación no se avizora ninguna alerta temprana por parte del supervisor para informar al director regional de alguna presunta irregularidad, no se le puede endilgar negligencia a la directora cuando esta no estaba en el deber legal de velar por el cumplimiento de la ejecución del contrato'.
