El fiscal 36 de la unidad seccional de Patrimonio Económico, Francisco Cuesta Manyoma, acusó a 13 personas investigadas por las más de 390 estafas que ascienden a $15.000 millones, atribuidas a la empresa Global Brokers con la venta de casas y apartamentos en procesos de remate.
La solicitud de realizar un juicio se presentó en noviembre pasado en el Centro de Servicios Judiciales 'contra Kimberly Hutchinson Vargas, Lourdes María Torres Martínez, Carlos Andrés Leal Chávez, José Gregorio Pérez Arteaga, María Mónica Montero Castilla, Gina María Martínez Maestre, Manuel Fernando Banquez Corvacho, Ostap Rafael Tapias Artuz, Pablo Antonio Hutchinson Garrido, Eduardo Iván Vargas Gómez, Janett Vargas Gómez, Gloria Hutchinson Garrido, Ruddy Del Carmen Rodríguez Arias'.
Los delitos que se les atribuyen son concierto para delinquir, estafa agravada, y captación masiva y habitual de dinero. Por reparto electrónico, el proceso fue asignado al juzgado 4to. penal del circuito, a cargo de Gloria Giraldo Ruiz, que programó para enero próximo la audiencia en que el fiscal leerá la acusación a las siete mujeres y los seis hombres.
En las audiencias de legalización de capturas e imputación de cargos realizadas entre julio y agosto de este año, lapso en el cual el CTI de la Fiscalía capturó a varios de los involucrados y otros se entregaron, el fiscal Cuesta expuso que Cristian Rymel Yurgaky Rey (prófugo) y Eduardo Iván Vargas Gómez crearon Global Brokers Asociados en agosto de 2006.
Luego, en marzo de 2009, la sociedad limitada pasó a anónima (S.A.). Al nacer, la firma tuvo su primera sede en una modesta oficina del Centro de Barranquilla. De acuerdo con las pesquisas, fue la época en que cumplían en las promesas de venta de inmuebles a precios inferiores. Las ganancias para la sociedad eran entre el 30 y el 35 por ciento.
Pero a partir de 2010, según entrevistas de afectados en poder de la Fiscalía, empezaron las estafas masivas por medio de la figura denominada contrato de prestación de servicio o contrato de cesión de mandato.
De acuerdo con la investigación, a las víctimas les entregaban un listado para que escogieran el inmueble que les interesaba, pero debían decidirse cuanto antes porque, supuestamente, otras personas habían ofertado.
Así convencían a las personas de firmar la cláusula de cumplimiento de seriedad y luego entregaban el dinero en cheque de gerencia o, como en la mayoría de casos, en efectivo.
Seis años después, los fraudes suman $15.000 millones solo en el Atlántico. Las autoridades no han dado a conocer aún a cuánto ascienden en otras ciudades, puesto que los dueños de Global abrieron sucursales en Montería, Valledupar, Cartagena, Santa Marta, Cali y Bucaramanga, donde también hay denuncias.
