A través de sendos derechos de petición, Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, y Daniel Largacha Torres, abogado de la Universidad Autónoma del Caribe; solicitaron a la Fiscalía General de la Nación, adoptar 'las medidas necesarias para salvaguardar los derechos del ente universitario y de la comunidad estudiantil', entre otras de las peticiones, ante los procesos penales que sigue el ente investigador contra Silvia Gette Ponce, exrectora de la alma máter.
Para Bustos Sánchez, es importante 'hacerle un seguimiento concreto a las decisiones judiciales' y que la Fiscalía disponga de un mecanismo excepcional de acompañamiento, a efecto de que 'se adopten las decisiones que en derecho correspondan, y que sean congruentes con las pruebas que ya se han recaudado'.
'Pero lo que notamos es que existe una cierta laxitud del aparato judicial y falta de severidad para castigar hechos ejemplarizantes como los que se han documentado fehacientemente con respeto a la señora Silvia Gette, y esa laxitud es la que, de alguna manera, ha permitido fisurar el aparato investigativo y sancionatorio, lo que se ha reflejado en las últimas decisiones', dijo Pablo Bustos.
El presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia indicó que han puesto una 'alerta roja' frente al tema, a efectos de que la actuación y actividad judicial se 'acompase' con los elementos de pruebas y evidencias.
'Sin duda es un tema que, si la justicia no actúa de manera severa, pronta y cumplida, vamos a terminar prácticamente indemnizando a la señora Silvia Gette por el daño que le hizo a la educación, al país y, sobre todo cuando de por medio hay víctimas que enrostran la inconsistencia de esas decisiones ya adoptadas por la propia justicia', dijo Bustos.
Avance lento. Por su parte, el abogado Daniel Largacha Torres se mostró 'muy preocupado' ante el avance lento que registran las investigaciones contra Gette Ponce, por presunto lavado de activos, la millonaria pensión que devengaba, incremento patrimonial injustificado y otra por aparentes irregularidades en torno a la compra de la ficha del extinto equipo de fútbol Uniautónoma FC.
'Queremos saber en qué va el proceso penal que cursa contra la señora Silvia Beatriz Gette Ponce y la funcionaria del CTI Marta Lucía Pinilla, ante la Fiscalía 26 delegada de la Unidad de Eje Temático para la investigación de funcionarios de la Rama Judicial; solicitamos también saber qué medidas adoptará el ente acusador con el propósito de que Gette Ponce cese su actividad delictiva, desplegada desde su lugar de residencia, que a propósito es sostenida con los dineros, producto del desfalco a la Universidad Autónoma del Caribe'.
