El ex contratista de la Gobernación de Córdoba, Jesús Henao Sarmiento y Maximiliano García Bazanta, dos de los seis imputados por el homicidio del ex director de Regalías de este Departamento, Jairo Zapa Pérez, permanecen desde hace varios días en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, donde estarían buscando un principio de oportunidad al cambio de declarar y revelar detalles sobre el que ha sido el crimen más sonado en Montería y la región durante los últimos años.
Así lo confirmó una fuente de la Fiscalía en la capital de la República, tras señalar que el propósito de ambos sería colaborar con la investigación del caso, cuyo juicio no ha sido instalado, siquiera, por las reiteradas dilaciones provenientes de los distintos agentes procesales.
Las revelaciones que Henao y García entregarían ante fiscales especializados de derechos humanos y derecho internacional humanitario, conducirían a la expedición de nuevas órdenes de capturas por el asesinato de Zapa, ocurrido la tarde del 27 de marzo de 2014 en una vivienda del barrio la Castellana de Montería, donde había sido citado por Henao a un almuerzo de trabajo.
El traslado de estas dos personas desde la cárcel las Mercedes de Montería al búnker de la Fiscalía en Bogotá, coincide con el ofrecimiento de principio de oportunidad el pasado 13 de enero, por parte del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, durante su visita a Montería, para quien tuviera información sobre los autores intelectuales del asesinato del ingeniero civil.
Tutela. Entre tanto la defensa de los padres y hermanos de Zapa, representada en el penalista Juan Felipe Amaya, de la firma de abogados Jaime Granados Peña y Asociados, instauró recientemente una acción de tutela contra la Sala Penal del Tribunal de Montería, por estimar que se ha violado el debido proceso, toda vez que no se ha resuelto un recurso de apelación de la Fiscalía desde septiembre del año pasado.
Se trata de las consideraciones negativas que expuso el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería, a las pretensiones del fiscal 48 de derechos humanos y derecho internacional humanitario, Carlos Pión, en el sentido de ejercer una ruptura procesal para manejar de forma aislada los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, ambos cometidos contra la integridad del ingeniero civil cereteano.
Amaya explicó que la respuesta de la Sala Penal de la Corte Suprema es que se han presentado circunstancias que 'justifican' la demora.
'Es un fallo que respetamos a pesar de no compartir sus fundamentos, seguiremos entonces a la espera de que se pueda destrabar el proceso', señaló el abogado Juan Felipe Amaya.
Además de Henao y García, quienes estarían 'negociando' con la Fiscalía, también están imputados y privados de la libertad por el homicidio de Jairo Zapa Pérez: Carlos Pérez Escobar, primo de la víctima, abogado y docente universitario; Jesús Torres Redondo, técnico agroforestal quien trabajaba con Henao; Joice Hernández Muñoz, desmovilizado de las Auc y confeso autor material del asesinato y Zuán López Acevedo, compañera de Hernández.
