La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, sobre posibles irregularidades en contratación de la alimentación para las cárceles.
Esto, luego de una queja presentada por el Ministerio de Justicia y que tiene que ver con la vigencia 2017-2018.
La Procuraduría busca determinar si el proceso realizado por los funcionarios encargados en la Unidad de Servicios se ajustó o no a las normas y reglamentos establecidos en materia de contratación pública, particularmente en lo relacionado con la planeación del proceso y si las conductas que se identifiquen pueden constituir una falta disciplinaria.
La Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal ordenó a la Unidad remitir los antecedentes de seguimiento en relación con el proceso, así como información sobre la modalidad contractual bajo la cual fue celebrado y la forma de selección del contratista.
También requirió información sobre el estado actual de los procesos de contratación de los programas etnoeducativos en el marco del proceso de construcción e implementación del Sistema Educativo Indígena Propio, así como los avances en la contratación e implementación del PAE y del transporte escolar.
