La audiencia de medida de aseguramiento contra el alto Consejero Presidencial para las Regiones, Carlos Correa, y el alcalde de Montería, Carlos Eduardo Pineda, continuará este viernes en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá.
La audiencia inició ayer en horas de la mañana, pero sobre las 9:00 de la noche, el juez de control de garantías decidió postergar la audiencia para hoy a las 8:00 de la mañana, cuando se conocerá si los funcionarios serán cobijados con medida intramural mientras se adelanta el proceso.
Los funcionarios fueron capturados el pasado viernes 16 de junio, por la presunta celebración de un millonario contrato para la rehabilitación del emblemático coliseo ‘Happy’ Lora, de Montería, para los Juegos Nacionales del año 2012.
La audiencia de legalización de captura se realizó el pasado lunes 19 de junio y ayer los representantes de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación solicitaron al juez la medida de aseguramiento contra ambos funcionarios, ya que podrían afectar las investigaciones que se llevan a cabo.
En la diligencia judicial que se realizó ayer a puerta cerrada, por solicitud de la Juez 40 de control de garantías, a los procesados se les imputaron los delitos de peculado por apropiación, celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público, cargos que no aceptaron los funcionarios.
El caso. Los hechos por los que son imputados el alcalde de Montería y el alto Consejero Presidencial para las Regiones, tuvieron lugar durante los años 2012 y 2015, al parecer, Carlos Correa fue señalado de firmar un contrato entre la Alcaldía y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social por un valor superior a los 12.000 millones de pesos.
Los cotejos del ente acusador revelaron que en la ejecución de dicha obra se presentaron sobrecostos y demoras injustificadas que impidieron que el coliseo ‘Happy’ Lora fuera usado para las competencias deportivas ya mencionadas.
Según lo estipulado en el contrato, las obras debían terminar en noviembre de 2012, y no fue así. Según el representante de la Fiscalía, el Coliseo se entregó 'con variaciones sustanciales' frente al proyecto inicial.
El ente investigador aseguró que el exalcalde y el actual mandatario omitieron en sus funciones el control y la protección del patrimonio público de los cordobeses.
