Ginna Margarita Ricardo Cantillo llegó al Centro de Servicios Judiciales con tapabocas y sudadera puesta.
Es señalada por la Fiscalía de haber estafado a 28 personas que le compraron casas entre 2013 y 2016 en Barranquilla.
Varios de los denunciantes se encontraban a las afueras de la sala 11, donde se celebró la audiencia de imputación de cargos en la que la Fiscalía mostró las pruebas que tenía en contra de la indiciada.
Ricardo Cantillo tenía orden de captura por cinco delitos: captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada en masa, falsedad material en documento público y privado, y por último concierto para delinquir.
De acuerdo con la linea investigativa presentada por la Fiscalía, a través de la empresa Casadores Inmobiliarios S.A.S. se cometían los delitos. La mujer de 31 años habría estafado por la suma de $1.527 millones de pesos por medio de la venta de casas que presuntamente ofrecía a compradores.
'Bajo el pretexto de que se encontraban en remate hacía creer a sus víctimas que una propiedad de $200 millones costaba $60', explicó durante la audiencia el fiscal 23 de patrimonio económico Francisco Cuesta Manyoma.
Agregó que algunas de estas propiedades fueron vendidas en más de cuatro ocasiones.
Una de las pruebas presentadas por el ente acusador en contra de Ginna Ricardo Cantillo fue la entrega de un cheque a una de las víctimas luego de una conciliación que hicieron para devolver el dinero. Este acuerdo al que llegaron fue mediado en la oficina de Conciliación de la Policía Nacional.
El cheque entregado tenía una particularidad, de acuerdo con el fiscal. Aún cuando el valor en cifras estaba correcto, 63 millones de pesos, la letra leía 3 millones.
Otra de las pruebas presentadas indica que entregó a una de sus víctimas certificaciones de que podía manejar y vender un inmueble. El documento estaba autenticado en la notaria 36 de Bogotá.
No obstante, en el proceso de investigación de la Fiscalía se desplazaron hacia este lugar en donde encontraron que el notario que firma el acta no trabajaba en esa oficina desde 2012. Además que los sellos que avalaban el documento no existían.
De las casas que presuntamente vendió, ninguna se encontraba en trámite de remate y en algunos casos los inmuebles estaban embargados.
La acusada no se allanó a los cargos. La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento fue aplazada hasta hoy ya que se fue la luz en el Centro de Servicios.
