Este siete de octubre se cumplen cuatro meses del asesinato de Bernardo Cuero Bravo, líder comunitario y fiscal en Atlántico de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, Afrodes.
Precisamente este colectivo elevó días atrás una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intervenga frente al caso y así se hagan efectivos los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación.
Cuero Bravo, de 62 años y oriundo de San Andrés de Tumaco, Nariño, fue asesinado el pasado 7 de junio en su casa ubicada en el barrio Villa Esperanza de Malambo.
El líder observaba un partido de fútbol por televisión cuando llegaron dos hombres en una moto de color negro. Los dos individuos, para llamar la atención de Cuero Bravo, preguntaron si en el área arrendaban apartamentos. La víctima se acercó para atender a los sujetos y uno de ellos sacó un arma y le disparó cuatro veces, en presencia de varios de sus familiares.
Posterior a su asesinato se conoció que la víctima había denunciado amenazas en su contra. Sin embargo, la Unidad Nacional de Protección, UNP, le había retirado una medida de seguridad debido a que 'el peligro que corría no era causado por el conflicto armado sino por un problema personal que tenía con vecinos del sector'.
Por el hecho, las autoridades detuvieron y encarcelaron a un individuo identificado como Víctor Carlos Meriño Pereira. Este sujeto, imputado por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, permanece hoy en la Penitenciaría de El Bosque.
José Humberto Torres, abogado de la familia Cuero Bravo, mostró su preocupación frente a la investigación desarrollada por la Fiscalía.
El jurista, defensor de los Derechos Humanos, manifestó que el ente investigador no ha presentado el escrito de acusación en contra del procesado, razón por la cual este podría quedar en libertad por vencimiento de términos.
'La manera como la Fiscalía ha llevado este caso deja varias preocupaciones sobre el futuro y éxito de la investigación. No es posible que para investigar los crímenes de líderes sociales o ejercer justicia frente a quienes han ordenado sus asesinatos queden en la impunidad, mientras para judicializar líderes y defensores sí exista un rigor de la justicia', anotó Torres.
La Unidad Nacional de Víctimas y Amnistía Internacional ya se había referido al asesinato de Cuero Bravo. Ambas entidades lamentaron la muerte de este líder social y rechazaron los actos de violencia que se presentan en el país.
De Cuero Bravo aseguraron que era un hombre 'activo en los procesos de las mesas de participación de víctimas', que 'defendió los derechos de la población afrocolombiana'.
