Sergio Ramírez, representante de las víctimas en el caso del doble homicidio perpetrado en 2016 por el fiscal antibacrim cordobés Mario Lora Correa, contra los jóvenes Camilo Rodríguez y Hárold Suárez, criticó el hecho de que el victimario, dice, está ofreciendo una suma 'mínima' para indemnizar a las víctimas
Además señaló que el acusado negocia un preacuerdo con la Fiscalía 'para pagar casa por cárcel'.
Así también cuestionó el hecho de que el ente de control penal no haya anunciado una investigación disciplinaria interna contra su funcionario, que sigue laborando en un despacho de Barranquilla a pesar de la gravedad de lo ocurrido.
'Ellos han tratado de lograr un acercamiento a efectos de indemnización, sin embargo la propuesta es mínima frente al daño ocasionado a las familias', anotó el representante de las víctimas.
Ramírez agregó que 'inicialmente hicieron una propuesta de 80 millones de pesos a cada familia, después la subieron a 100 y la última fue de 110 o 120 millones de pesos'.
Según el abogado, los familiares de los asesinados han bajado su pretensión inicial de 500 millones a 200 para cada familia.
No obstante, el acusado aseguró a los allegados de las víctimas que 'no tiene bienes a su nombre, que no tiene nada más que su propia familia, y que el papá no puede pagar más que ese dinero, la propuesta ha sido bastante mínima', manifestó el abogado a EL HERALDO.
Frente al eventual preacuerdo al que llegarían la Fiscalía y su funcionario, señaló Ramírez: 'Tengo entendido también que están pretendiendo realizar un preacuerdo en el cual se le reconozca un estado de ira e intenso dolor al fiscal, sin embargo no ha habido luz verde de la Fiscalía, porque se había hecho una solicitud que implicaba un pago de pena de 18 a 20 años'.
No obstante, el jurista manifestó que 'además de no pagar los perjuicios, Lora Correa quiere pagar su pena en la casa'.
El representante de víctimas también cuestionó la pasividad del organismo de investigación penal en este caso, hasta para proceder disciplinariamente contra el fiscal imputado por homicidio agravado.
'La Fiscalía no ha sido clara ni categórica para explicar a la opinión pública cuál es el procedimiento interno desde el punto de vista disciplinario, y este apoderado lo desconoce, pero además nosotros interpusimos una queja ante el Consejo Seccional de la Judicatura porque el servidor público debe guardar un comportamiento ejemplar ante la sociedad por el grado de funcionalidad que ejerce en el Estado, y por los hechos evidentemente incurrió en una falta disciplinaria', dijo.
De hecho, en la Ley 938 de 2004 o el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, se establece que la Oficina de Veeduría y Control Disciplinario Interno tiene entre sus funciones: 'instruir y fallar, en primera instancia, las investigaciones disciplinarias contra los empleados de la entidad' y 'ejercer control preventivo, seguimiento y evaluación de la conducta disciplinaria de los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación en el desarrollo de sus funciones'.
Por ello, reitera el jurista, 'tengo entendido que existe una Oficina de Control Interno Disciplinario y la Fiscalía debe tomar decisiones en ese sentido'.
El proceso se queda en Córdoba
El abogado Sergio Ramírez informó que la Corte Suprema negó el cambio de radicación del proceso, por lo que el mismo seguirá en Lorica, Córdoba, departamento en el que el padre del victimario ejerció como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior. Lo anterior fue uno de los impedimentos que expusieron varios jueces de la región para que no se desarrollara el proceso en sus despachos.
'La Fiscalía había solicitado un cambio de radicación porque varios fiscales y jueces se han declarado impedidos para conocer de ese proceso aduciendo amistad con el señor Lora, lo cual no daba garantías serias para adelantar un proceso en el departamento, ya que el imputado había sido fiscal antibacrim y su padre había sido magistrado en la Sala Penal del Tribuna', detalló.
No obstante anotó que 'la Corte Suprema de Justicia negó la petición y confía en que la jueza aplique justicia y cumpla con las garantías fundamentales que nos corresponden a todos los sujetos procesales'.
Actualmente el caso está en manos de la juez penal del Circuito de Lorica, Ana Verbel, quien citó la continuación del proceso para el 29 y 30 de noviembre, para las audiencias preparatorias.
El representante de víctimas manifestó sobre el aparente favorecimiento del fiscal Lora que 'la fiscal que adelantó la diligencia no argumentó con suficiencia y a pesar de la gravedad de los hechos, un juez tomó la decisión de no imponerle medida de aseguramiento en un centro de reclusión. Y aunque para el momento en que se celebra la audiencia aún no habían fallecido las personas, el hecho no deja de ser grave porque era una tentativa de homicidio.
Y concluyó que le 'llama la atención que la defensa del señor Lora llegara con certificaciones notariales y judiciales que daban cuenta de que el señor era honorabilísimo, a pesar de haber, en estado de embriaguez, disparado contra dos personas indefensas'.
