La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió al mayor del Ejército Nacional Jorge Alberto Mora Pineda, quien fue vinculado desde 2006 a la investigación de la masacre de Caño Dulce por los delitos de secuestro simple y homicidio agravado. En aquel entonces, el oficial fungía como comandante del Gaula Militar en el Atlántico.
Jorge Alberto Mora Pineda, actualmente se encontraba cobijado con prisión domiciliaria bajo vigilancia de la Cárcel Modelo de Barranquilla.
La Sala de Casación tuvo en cuenta entre otras consideraciones que los demás acusados: 'los sargentos Elkin Alberto Pulgarín Girón y Gerson Alberto Galvis Calderón, así como los soldados Víctor Raúl López Bueno, Aquilino Cervantes Sosa, Luis Fernando Méndez Cervera y Alfredo Lara Beleño coinciden en que actuaron bajo el mando directo y personal del capitán Giovanni Pérez Delgado, y en ningún momento atribuyen participación intelectual o material del mayor Mora Pineda en la ejecución o desarrollo del supuesto retén y combate en el que se presentaron las muertes investigadas'. (sic).
El abogado defensor de Jorge Alberto Pineda en el proceso fue Alfonso Camerano Fuentes.
Los hechos
Carlos Victoria Trujillo, Carlos Villegas Romero, Daniel Jiménez Meneses, Arnober Pino Muñoz, Julián Celis Hoyos, y Jorge Aristizábal Chavarría fueron asesinados y el Gaula del Ejército dijo que habían sido abatidos en un enfrentamiento para liberar a los comerciantes Elías Abohomor y Alex Navarro.
El ataque, reconocido por el Gobierno como uno de los primeros ‘falsos positivos’ de las Fuerzas Militares, sucedió a la 1:50 p.m. del 14 de agosto de 2006, en una trocha próxima al balneario de Caño Dulce.
Las pruebas demostraron que las víctimas viajaron desde Medellín hasta Barranquilla, a bordo de una camioneta y un carro, para cobrarle a Abomohor $1.300 millones.
La Segunda Brigada informó en su momento que las seis muertes resultaron de la liberación de dos comerciantes secuestrados, cuyos captores fueron abatidos al enfrentarse a tiros con los militares.
Sin embargo, la Fiscalía inició una investigación penal y al encontrar graves irregularidades en el procedimiento dispuso la detención de los miembros del Gaula, incluyendo al comandante.
