El contralor General de la República, Edgardo Maya, y el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, calificaron como un mal ejemplo para el país el preacuerdo aprobado este martes por la Corte Suprema de Justicia entre la Fiscalía General de la Nación y el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.
El preacuerdo, por la investigación que se adelanta por el robo de las regalías de Córdoba, obliga al exgobernador a pagar cinco años de cárcel, por el delito de concierto para delinquir agravado, y devolver solo 4000 millones de pesos, de un desfalco de 115.000 millones de pesos.
'Significa que aquí se puede delinquir, ¿cometer los actos de corrupción más atroces y luego pagar penas irrisorias y devolver sumas insignificantes de lo que desfalcaron?', expresaron a través de un comunicado a la opinión pública.
Anunciaron además que iniciarán un incidente de reparación de perjuicios ante la Corte Suprema de Justicia y 'acudiremos a todos los recursos que nos ofrece la Constitución y la ley para defender el patrimonio de los colombianos', señalaron.
'Nos hemos pronunciado en todas las etapas del proceso, porque consideramos que este acuerdo no le hace justicia a las víctimas de estos escandalosos actos de corrupción, que han indignado a todo el país', resaltaron.
Por su parte, Maya recordó que la Contraloría General ha actuado como víctima dentro del proceso y que se había opuesto desde el inicio del trámite al principio de oportunidad acordado entre la Fiscalía General de la Nación y Alejandro Lyons.
Alejandro Lyons enfrenta en la Contraloría General seis procesos de responsabilidad fiscal por más de 66.000 millones de pesos. El proceso más relevante y por el cual se han decretado medidas cautelares es el del ‘cartel de la hemofilia’, por 54.000 millones de pesos.
'La Contraloría destapó este abominable caso en el que se detectó que se hicieron pagos por 117 falsos pacientes hemofílicos con exámenes de laboratorio, también falsos, nosotros destapamos los casos de corrupción y la justicia premia a los delincuentes', expresó.
Lyons también es procesado en la Contraloría por pago de supuestos servicios de salud en terapias de neurodesarrollo (3626 millones de pesos), terapias médicas no realizadas a supuestos pacientes con síndrome de down (1345 millones); pagos a IPS por supuestos servicios médicos (86 millones), obra Corredor Agroecológico con recursos de regalías (4050 millones) y otro por ampliación de ciencia y tecnología e innovación en carneros para supuestamente mitigar los efectos del TLC (3055 millones).
Por su parte, la Procuraduría le formuló pliego de cargos al exfuncionario por pagar terapias de neurorehabilitación que nunca tuvieron contratos reales y también es investigado por el llamado ‘cartel de la toga’.
Carrillo y Maya consideraron que es necesario revisar este sistema en cuanto a las penas a imponer y los mecanismos que se utilizan.
