Diana Sánchez, pareja del policía Yosimar Márquez Navarro, uno de los seis uniformados que fallecieron en el atentado terrorista contra la Estación San José, participó este miércoles de la jornada de atención a víctimas organizado en el comando de la Metropolitana de Barranquilla por la Policía Nacional y órganos de control del Estado.
Pese a sus seis meses de embarazo, diagnosticado como de alto riesgo, la mujer acudió para que funcionarios y profesional especializado le tomaran declaraciones, con el fin de incluir a su pareja fallecida como víctima del conflicto armado colombiano.
Luego de su entrevista con el personal de la jornada, la mujer aceptó entregar declaraciones a esta casa periodística y reveló que Yosimar, quien iba a cumplir los 30 años en junio, estaba ansioso por saber el sexo de su segundo hijo con Diana.
'Tengo seis meses de embarazo y lastimosamente la ecografía en la que me iban a definir el sexo del bebé estaba programada para el 29 de enero, dos días después del atentado. Yosimar se fue sin saber el sexo del bebé. Los días han sido dolorosos, ayer fue un mes, con el paso de los días uno siente más la ausencia', expresó Diana, empleada de un almacén de ropa.
Policía Nacional, Unidad de Víctimas, Personería y Defensoría del Pueblo iniciaron ayer la jornada para constituir a afectados de los atentados de la Estación San José y el CAI de Soledad 2000 en víctimas del conflicto armado.
El coronel Fernando Pantoja, jefe de la Unidad de Víctimas y Memoria de la Policía Nacional, manifestó que en las jornadas que se adelantan entre este miércoles y jueves se atenderán 51 miembros de la institución y a sus allegados.
'Desde el nivel central, trabajamos mancomunadamente para proveer ese abanico de oportunidades del Estado', señaló Pantoja.
El oficial también citó que el número de policías catalogados como víctimas del conflicto armado en Colombia es actualmente de 49.568, y Antioquia es el departamento que más reporta casos.
Por su parte, Alfredo Palencia, director de la Unidad de Víctimas, indicó que lo que se pretende es vincular a las personas para que obtengan accesos a las ofertas del Estado en salud, educación, entre otros beneficios.
