El fiscal Néstor Humberto Martínez pidió este martes a la Corte Suprema de Justicia investigar a la representante conservadora a la Cámara por el Atlántico y, según el preconteo de la Registraduría, senadora electa, Aída Merlano, por haber hallado 'documentación que la compromete' en una compra de votos por más de $6.000 millones.
La decisión se toma tras el allanamiento a su sede de campaña en Barranquilla, 'donde habría funcionado una sofisticada red de compra de votantes, que incluso utilizaba calcomanías con código de barras bidimensional (código QR) para identificar y hacer seguimiento a los líderes encargados de la compra de votos'.
A la vivienda se llegó debido a que funcionarios de la Dijín recibieron la información de que en una vivienda ubicada en el barrio El Golf, conocida como 'La casa blanca', funcionaba un comando político desde el que supuestamente se compraban votos para la jornada electoral.
'Luego de las verificaciones iniciales, la Fiscalía libró orden de allanamiento, y durante el proceso se encontraron 9 computadores, 4 armas de fuego (entre las que había 2 revólveres, 1 escopeta y 1 pistola. Solo una de ellas tenía salvoconducto, a nombre de Aída Merlano), $268’993.000 en efectivo (guardado en un cuarto destinado exclusivamente para eso), registro de cámaras de seguridad instaladas por toda la casa', reportó el titular del ente acusador.
Además, la documentación incautada, que según Martínez 'compromete' a Merlano, corresponde a certificados electorales en masa, guardados en cajas y bolsas; fotocopias de cédulas de ciudadanía; documentos y planillas electorales y listados con nombres de votantes y líderes que estaban organizados presuntamente para la compra de votos.
Así mismo, se encontraron formatos firmados para certificar el compromiso de compra de voto, organigramas detallados de seguimiento y operación, tenían además un sistema organizado para identificar a los líderes y hacer la trazabilidad del proceso de compra de sufragios, a través del uso de dos formatos: las actas de compromiso y el seguimiento de cada votante.
'Para verificar que se hubiera sufragado en un puesto específico, la campaña pedía los certificados de votación y, sobre estos, grapaba un papel con código QR, que llevaba el dato del municipio y el nombre del líder al que se le atribuía el voto. De esta forma, se garantizaba que el dinero entregado al comprador correspondiera con el número de votos ofrecido por él a la campaña', explicó el fiscal.
Además, los investigadores pudieron establecer que se llevaba una contabilidad detallada en una planilla adicional, en la que se hacía la relación de los líderes, el municipio al que pertenecían y los gastos de la jornada.
Cada voto era pagado a $40.000, con un subsidio de $5.000 de transporte, y el monto a pagar a cada uno de ellos variaba de acuerdo con la cantidad de votos ofrecida y si se superaba ese número, aumentaba también el valor del voto, se lee en el reporte.
'En el proceso se logró la captura en flagrancia de Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas; Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas; Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, asesora de la campaña; María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales; Everlin Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores', informó el ente de investigación penal.
Estas capturas fueron legalizadas ante el juez primero penal de control de garantías de la ciudad junto con los materiales incautados en el allanamiento.
Este miércoles, ante ese mismo juez, se continuará la audiencia para imputarles el delito de corrupción al sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
Martínez anotó que siguen en las pesquisas para establecer si la compra de votos trascendió las fronteras del departamento del Atlántico y, de acuerdo con esos resultados, se determinará si es procedente la formulación de nuevas imputaciones por otros delitos.
'Tenemos cajas con documentos, videos, que nos permitirán establecer si se han cometido otros delitos como violación al tope de financiamiento de las campañas, porque verificados los montos de pagos podría haber violación a estos topes y habría que adicionarlo a la imputación. También se estudia si hubo lavado de activos, pero por los términos de las 36 horas que corrían, hemos avanzando con la imputación', dijo el fiscal en rueda de prensa en el búnker.
Describió además Martínez que la organización tenía un organigrama, donde se establecía qué le correspondía a cada quien, las instrucciones a los líderes y actas de devolución, el costo por voto de $40.000 pesos, el subsidio de transporte de $5.000 pesos y se habla de una cifra superior a los $6.000 millones de pesos pagos, aparecen los coordinadores para compra de votos no solo en el Atlántico sino en otros departamentos'.
