El fiscal delegado para la Criminalidad Organizada, Álvaro Osorio, reportó este martes la captura por parte del CTI en el norte de Barranquilla del exgerente de la Triple A, Ramón Navarro Pereira, por la presunta apropiación de más de $27.879 millones.
El exdirectivo es señalado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con administración desleal y falsedad en documento privado.
'De acuerdo con el material probatorio recopilado, durante los años 2012 y 2015, Navarro Pereira, junto con los entonces representantes de la empresa española Inassa S.A., y de la firma Recaudos y Tributos S. A., se habrían apropiado de $27.879.761.912, mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos; y cuatro contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión Reguladora de Agua Potable, CRA', indicó Osorio en una declaración en el búnker de la Fiscalía.
Las pesquisas del ente de control penal apuntan a que, al parecer, estos gastos se acreditaron como operaciones normales de Triple A S.A E.S.P., fueron registrados en la contabilidad y en las declaraciones de renta en los años respectivos y, finalmente, se usaron para calcular los dividendos de los accionistas (Inassa S.A., Socios Particulares y Distrito de Barranquilla) y realizar los cobros correspondientes por regalías.
Por lo anterior, en las próximas horas la Fiscalía presentará a Navarro Pereira ante un juez de garantías para adelantar las audiencias concentradas. En la misma diligencia y por los mismos delitos, imputará cargos contra Julia Margarita Serrano Monsalve, exgerente financiera de Triple A S.A. E.S.P.
Además, la Fiscalía abrió investigación formal y citó a indagatoria a los exgerentes de Triple A, Francisco Olmos Fernández Corugedo, Luis Fernando Arboleda González y Carlos Alberto Ariza Duque.
Así mismo, Ramón Heraclio Hemer Redondo, gerente actual de Triple A; Luis Alberto Nicolella de Caro, exgerente general de Inassa; Francisco Javier Malia Baro, exgerente general de Inassa; Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa; Alberto Muguiro Eulate, actual presidente ejecutivo de Inassa; Germán Sarabia Huyke, segundo suplente de la presidencia de Inassa y Carlos Roca García, actual gerente Inassa.
El delegado indicó que esta línea de investigación de la Fiscalía está relacionada con el contrato suscrito el 4 de septiembre de 2000, entre la empresa española Inassa y Triple A S.A., en la que se pactó un pago mensual de 4.5% del recaudo de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo, por la prestación de una asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.
'Los fiscales anticorrupción calculan que en 17 años de vigencia del contrato, se habrían pagado $237.836.823.242. Adicionalmente, se cree que el contrato no se ejecutó y se presentó una supuesta desviación irregular de los dineros con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A. -empresa del Grupo Español Canal Isabel II - y Slasa', advirtió Osorio.
Estas 11 personas vinculadas deberán presentarse desde el 4 de abril de 2018, ante una fiscal anticorrupción en Bogotá, y responderán mediante indagatoria, en principio, por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares.
Fuentes de la Fiscalía aclararon que se siguen otras líneas de investigación en el caso, como la disminución accionaria del Distrito en la Triple A.
Las líneas de investigación
En mayo de 2017, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, explicó que una de las cosas que investigaba el ente de persecución penal en el caso Lezo es 'cómo se diluyeron los capitales públicos en estas empresas de servicios públicos' y, por ende, el organismo de control revisa las actuaciones de los alcaldes de Barranquilla durante la operación de la Triple A, subordinada de Inassa, a su vez filial de la ibérica Canal de Isabel II.
En esa época, el expresidente del gobierno regional de Madrid, Ignacio González, y otra decena de altos cargos del país europeo fueron arrestados en España acusados de utilizar la empresa pública de aguas Canal de Isabel II en un desfalco de 23 millones de euros por medio de transacciones en sus filiales en América Latina.
En este sentido, desde abril del año pasado, el fiscal Martínez había anunciado la apertura de dos investigaciones por petición de España relacionadas con el escándalo de corrupción en la Triple A. Reportó entonces la apertura de dos líneas: 'una que es bajo Ley 600, porque son hechos anteriores al año 2008, cuando entró en vigencia el nuevo código de procedimiento penal en la ciudad de Barranquilla, y otra investigación al amparo de la Ley 906'.
Estados financieros
Este diario reveló el año pasado además los estados financieros consolidados de la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA, Inassa SA, y de sus subordinadas, al 31 de diciembre de 2015.
En estos documentos se da cuenta de la razón por la cual Triple A es llamada por los medios europeos ‘la joya de la corona’, pues mientras esta aparece con un capital de $73.485 millones y patrimonio de $221.927 millones, la empresa en República Dominicana reporta un capital de $5.893 millones y un patrimonio de $18.958 millones y la de Ecuador, un capital de $1.025 millones y un patrimonio de $11.309 millones..
Lo disciplinario
La semana pasada, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, viajó a España para retomar las investigaciones sobre los actos de corrupción que se señalan fueron perpetrados en la Triple A, empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, cuyo socio mayoritario es la compañía española Inassa, con el 86% de las acciones.
La empresa ha estado en medio de una tormenta política y judicial desde que se anunció en abril del año pasado las investigaciones al respecto en la denominada 'Operación Lezo' y fuera capturado Ignacio González, presidente de 2012 a 2015 de la comunidad madrileña Canal Isabel II.
La mayor parte de las informaciones derivadas del sumario del caso pusieron la atención en dos asuntos: uno, la progresiva reducción que sufrió la participación del Distrito en Triple A (pasó de tener el 84% al 13%, al tiempo que subían las acciones de Inassa); y, el otro, la operación en Panamá, a través de sociedades de papel, mediante las cuales Canal de Isabel II compró en 2001 Inassa a un grupo de barranquilleros y terminó apropiándose de la Triple A.
En en el ente disciplinario se manejan cinco líneas de investigación. La primera es la reducción de la participación accionaria del ente territorial de la capital atlanticense. En mayo del año pasado, el Ministerio Público señaló que la indagación preliminar abierta desde entonces iba, concretamente, contra autoridades administrativas del Distrito de Barranquilla 'con el propósito de establecer si hubo actos de corrupción e irregularidades en relación con la forma como el ente territorial fue diluyendo su participación accionaria en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P, mientras que uno de sus accionistas, Inassa, obtenía el control societario'. Y la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación, en este sentido, ordenó la práctica de pruebas en la Alcaldía de Barranquilla, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y otras públicas y particulares posiblemente involucrados.
La segunda apunta a establecer qué ha ocurrido con una acción popular que se presentó en la capital atlanticense desde hace más de ocho años por este proceso de capitalización de Inassa, pero cada vez que se va a resolver el recurso, se lee en la información, se cambia al juez. En la tercera se averigua en el Ministerio Público por unos subsidios que se manejaron en una bolsa común entre el Distrito y la Triple A cuando ya tenía dueño privado español: Inassa. La administración distrital, indica el reporte, tiene deudas con la Triple A de más de $40 mil millones de pesos por aparente manejo de infraestructura, pero dicha infraestructura es pública.
La cuarta es que la Procuraduría tiene bajo la lupa la visita en 2008 del entonces gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, a Cartagena, con bolsas que supuestamente contenían dinero. Y la quinta obedece a un contrato de asistencia técnica con Inassa, en el que se han ejecutado más de $70 mil millones sin soportes para ello, hasta que fue suspendido en noviembre pasado a petición de la Procuraduría.
Arboleda, a indagatoria
Uno de los llamados a indagatoria es Luis Fernando Arboleda, expresidente de Findeter. Y en junio de 2017 la Procuraduría informó que indagará los contratos ejecutados entre 2014 y 2017 por la Financiera del Desarrollo Territorial, Findeter, y otros entes públicos en materia de acueducto y alcantarillado en varias ciudades del país.
Se trata de una indagación a 10 entidades por posibles irregularidades relacionadas con la selección y ejecución de contratos suscritos por Findeter y otros entes para la construcción de infraestructura de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, señaló el Ministerio Público en un comunicado emitido el pasado jueves.
Precisa el ente de control que los entes bajo la lupa son Findeter, las administraciones de Barranquilla, Santa Marta, Yopal, Pasto, Armenia, Ibagué y Buenaventura y las empresas Triple A, Metroagua y Aguas de Ibagué.
Ello porque 'reportes de prensa relacionan al presidente de Findeter con la firma Innasa'. Lo que pretende establecer la Procuraduría es si hubo irregularidades en los procesos contractuales en que intervinieron la Financiera, las administraciones locales y las empresas operadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, dado que Arboleda, presidente de Findeter, pasó por Triple A y Metroagua, ambas de Inassa, compañía que se encuentra en el ojo del huracán al hacer parte del conglomerado del Canal de Isabel II, en el marco de las pesquisas que se adelantan de manera conjunta en España y Colombia por el caso Lezo.
