Diez entidades del Estado intervinieron ayer en la diligencia de desalojo ordenada por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, en el inmueble ocupado por Enilce López Romero, tras su salida del hospital ESE Cari de Alta Complejidad.
Este era un procedimiento distinto a la decisión que tomó el pasado 12 de abril la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de negar la acción de tutela presentada por los abogados defensa de la ex empresaria del chance, con la que estos solicitaban la continuación de una reclusión sustituta o la casa por cárcel por 'enfermedad grave' de su defendida.
Funcionarios de la Secretaría de Gestión Social de la Alcaldía Distrital, Procuraduría, ICBF, Personería de Barranquilla, Medicina Legal, Inpec, Policía Nacional, Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo, se sumaron ayer al acto administrativo de la SAE que arrancó desde las 8:00 de la mañana en la vivienda situada en la carrera 59 No. 91-42 del barrio Altos de Riomar. Este se le había notificado a la defensa de López Romero desde el pasado viernes 21 de abril.
Una mesa plástica y un par de sillas del mismo material fueron ubicadas en la entrada del domicilio. Uno de los funcionarios de la SAE que llegó desde Bogotá abrió un computador portátil, mientras era observado por otros funcionarios que usaban chalecos distintivos de cada entidad. Cada uno de estos tenía una botella de agua en su mano, por el agobiante calor que hacía a esa hora de la mañana.
Una primera maniobra de los delegados de las instituciones fue contabilizar el número de personas que se encontraban en la casa. Estaban López Romero, su mamá Lucila Romero Castro, de 88 años, así como una tía de López Romero identificada como Arelis Velilla Castro, de 76 años.
Apenas el funcionario de la SAE accedió al sistema desde su equipo electrónico e intentó dar inicio al acto, los cinco abogados de Enilce López, encabezados por Diego Muñetón Restrepo, sacaron de sus maletines amplia documentación relacionada con el estado de salud de su defendida, además de documentos judiciales radicados en diversas dependencias con los que se trataba de poner freno a la diligencia de recuperación de los dos predios de más de 1.200 metros cuadrados que hacen parte de un proceso de extinción de dominio mediante resolución 9477 del 20 de mayo de 2014. La ex propietaria de Uniapuestas, Unicat y Aposmar, cumple con su arresto domiciliario en ese lugar desde enero, en medida de la condena de 27 años de prisión por un homicidio que, según la Fiscalía, fue cometido por paramilitares y ordenado por ella.
Al grupo de abogados que hacía frente en la entrada de la vivienda se sumaron unos médicos personales de López, quienes volvieron a confirmar el grave estado de salud de la mujer, de 64 años de edad.
Posteriormente, galenos adscritos a entidades del Estado revisaron toda la documentación aportada por la defensa y así cayó el mediodía.
