Neibis Pinto, hermana del fallecido director regional del Instituto de Medicina Legal, Eduardo Pinto, manifestó en comunicación con esta casa periodística que su familia había advertido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla sobre la vinculación del exmagistrado Julio Ojito Palma como abogado de Dayana Jassir y un posible 'tráfico de influencias' de este con sus antiguos compañeros de la Sala Penal.
La información surgió a propósito de la solicitud realizada por el procurador judicial 43 Borys Rodríguez Gutiérrez, quien interviene como agente especial en el proceso penal contra Dayana Jassir de la Hoz, para radicar el caso de la acusada en otro distrito judicial con relación a una supuesta 'imparcialidad' o 'independencia' de la administración de justicia.
En estos momentos Jassir se encuentra bajo libertad mientras se lleva a cabo la audiencia preparatoria el próximo 10 de julio dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía por el asesinato de su esposo, el exdirector del Instituto de Medicina Legal, Eduardo Pinto Viloria.
La queja ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, según lo expuesto por Neibis Pinto, la interpuso en noviembre del año anterior la propia Rebeca Rosa Viloria Ustariz, madre de Eduardo.
'Nosotros colocamos una queja ante el Tribunal Superior de Barranquilla, denunciando el supuesto tráfico de influencias. La pusimos en noviembre del año pasado. Pensamos que no ha habido garantías durante el proceso', expresó Neibis Pinto.
Ella luego celebró que la Procuraduría, en este caso representada por el procurador judicial 43, se diera cuenta de la situación 'a tiempo', en el sentido que de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 906 de 2004, la petición puede presentarse 'hasta antes de iniciarse el juicio oral'.
'El procurador se dio cuenta a tiempo porque todavía no ha empezado el juicio. Ojalá el tribunal diga que va a ser el traslado de la radicación donde se cumplan las garantías en el proceso', agregó Neibis Pinto.
Consulta
Por su parte, EL HERALDO consultó al exmagistrado Julio Ojito Palma, hoy abogado defensor de Dayana Jassir, y este manifestó inicialmente que respetaba los criterios de todos los sujetos procesales. Así mismo señaló que se dará la correspondiente explicación de la situación a ver qué piensa la Corte, en este caso la encargada de tomar una decisión al respecto.
El funcionario de la Procuraduría indica en el documento enviado al juez Sexto Penal, Farid West Ávila, fechado el lunes 7 de mayo, que el defensor principal de la acusada, en este caso el abogado Julio Ojito Palma, ostentó hasta el 5 de febrero de 2016 la condición de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla y, pese a eso, en el marco de este proceso judicial ha intervenido ante la corporación de la que hizo parte sin que hubiese transcurrido el término mínimo de 2 años (antes del 5 de febrero de 2018) como lo estipula la Ley.
'Nosotros tenemos que reunir la información que tenemos, los documentos con los cuales les vamos a explicar a la Corte de que pudo tratarse de un malentendido porque hay dos normas: una que dice el estatuto del abogado, que es de un año, y la otra es la que plantea el doctor Boris (término mínimo de dos años que trata el numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 3 de la Ley 1474 de 2011). Yo considero que tenemos argumentos para que las cosas sigan', dijo Ojito.
En ese sentido, Ojito Palma repitió que existe una 'colisión' entre dos normas, la que dice que es un año, 'la que defendemos los abogados litigantes, los que vivimos del litigio. Y la otra es la que argumenta el doctor Boris. Los magistrados tienen el criterio de que es un año'.
Incluso, sobre lo planteado por el procurador con respecto a probables fallas que podrían afectar la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia en torno al caso Jassir, Ojito señaló que 'el Tribunal ha fallado con independencia' y recordó que 'todo lo que hemos presentado nos han fallado en contra'.
EL HERALDO trató de escuchar la versión del magistrado Luis Felipe Colmenares, miembro de la Sala Penal del Tribunal Superior, pero no fue posible.
