La Fiscal General de la Nación informó de la captura de seis personas –entre médicos, abogados y tramitadores– señaladas de defraudar al sistema pensional de los colombianos, cuando permitían que trabajadores se pensionaran sin tener limitaciones físicas ni cumplir con los requisitos para hacerlo.
De acuerdo con el ente acusador, los aprehendidos, presuntamente, hacen parte de una organización que –con la supuesta expedición de certificaciones médicas falsas y trámites ante Colpensiones y algunos fondos privados– logró que empleados de tres multinacionales mineras obtuvieran niveles de incapacidad física o psiquiátrica superiores al 50%, lo que les permitió jubilarse.
Miembros de la Policía judicial de la Fiscalía hicieron efectivas las órdenes de capturas en Barranquilla, Valledupar y Santa Marta.
Los cuatro detenidos en la capital del Atlántico son: Mario Alberto Alarcón Pabón, abogado y presunto tramitador de la estructura delincuencial; Rolando José Vargas Russo, médico fisiatra; Patricio Antonio García de Caro, médico psiquiatra, y Sandra Patricia González Atencio, presunta tramitadora.
La Fiscalía detalló que la mujer labora como secretaria en la oficina del abogado Gilmar Salguero, quien fue capturado en la primera fase de la operación ‘Fenocomio’.
Entre tanto, en la capital magdalenense fue aprehendido Alberto Manjarrez Álvarez, trabajador de multinacional y presunto tramitador. Mientras que en Valledupar capturaron a María Carolina Ovalle García, estudiante de décimo semestre de derecho y presunta tramitador.
'Los detenidos, que cumplían diversos roles y estarían estrechamente ligadas a otros 12 capturados hace apenas 40 días', serán presentados ante un juez de control de garantías en la capital del Cesar.
Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la seccional les imputará los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y fraude a resolución judicial.
'En las diligencias, los investigadores recaudaron importante material probatorio que permitirá individualizar a funcionarios y otros presuntos involucrados en esta modalidad de defraudación al sistema de pensiones que podría superar los $90.000’000.000', indicó la Fiscalía.
Detalles del fraude pensional
Gracias a testimonios, controles técnicos a comunicaciones, inspecciones, agentes encubiertos, entre otras técnicas investigativas avaladas judicialmente, la Fiscalía constató que varios empleados con limitaciones físicas leves, al parecer, contactaron a los señalados integrantes de esta estructura para que intervinieran y lograran que la Junta Regional de Calificación de Colpensiones en Cesar, les certificara un elevado porcentaje de pérdida de la capacidad laboral por enfermedad psiquiátrica o una patología general permanente.
De acuerdo con los elementos recopilados, un grupo de médicos de diferentes especialidades, algunos funcionarios de Colpensiones y trabajadores de las multinacionales mineras, supuestamente, preparaban y expedían la documentación, las declaraciones y otros trámites falsos que daban apariencia de legalidad al ilícito.
Asimismo, se conoció que abogados, con el aparente apoyo de empleados de juzgados labores, serían los encargados de interponer tutelas cuando la entidad afectada apelaba el dictamen que respaldaba el reconocimiento de las pensiones por invalidez.
