El general Mariano Botero Coy, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó este jueves que frente al decomiso de armas en una cabaña del municipio de Puerto Colombia serán los miembros de la Sijín los que entren a verificar para qué iba a ser utilizado todo ese material de guerra.
El alto oficial confirmó que las ocho armas de fuego, entre estas cuatro pistolas y una subametralladora, así como la munición, estaban ocultas en una camioneta que estaba dentro de la casa-finca llamada La Mariana, en la vía al mar.
'Todas esas armas que estaban allí nos van a entregar más información después de que pasen por el laboratorio de criminalística de la Regional. Algo se estaba fraguando en la casa donde ocurrió la diligencia', expresó el general, en rueda de prensa.
Asimismo, Botero Coy expresó que sólo dos armas de fuego no tenían salvoconducto, en este caso una pistola y una escopeta.
Sin embargo, añadió el comandante, que ninguno de los que estaban en la finca figuraban como los propietarios del material.
'Las armas están a nombre de alguien apellido Daza, pero no estaba en el lugar de los hechos', dijo Botero.
EL HERALDO pudo conocer que la vivienda también sería de la persona que tiene los registros de las armas en la base de datos de las Fuerzas Militares, en este caso la Segunda Brigada.
Sobre los capturados, el comandante señaló que sólo uno presentaba antecedentes judiciales.
Se trata de Fernando Enrique Severini Polo, con anotaciones en el Sistema Penal Oral y Acusatorio por hurto calificado de 2009, amenazas 2010, lesiones personales de 2009 y 2012, cohecho de 2014 y abuso de confianza vigente de este año.
Los otros detenidos fueron identificados como José Misael Romero Zárate, José Carlos Mena Orozco y Juan Jaime Gnecco Cerchar.
Cabe recordar que la Policía llegó hasta la finca en búsqueda de una camioneta robada la madrugada del martes anterior en la bomba de gasolina de la calle 84 con carrera 51B y se tropezó con el arsenal de guerra.
La institución armada informó que los detenidos serán judicializados por receptación y porte ilegal de armas de fuego.
