En momentos en que transcurría la realización de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Jorge Enrique Gómez Issa, exalcalde de Campo de la Cruz, y Roberto Efraín Mercado Paz, exjefe de presupuesto del mismo municipio, se presentaron desórdenes por parte de algunos pobladores que impidieron que se culminara con la diligencia judicial.
Ante el inconveniente y para evitar que se presentara una asonada por parte de los pobladores, el Consejo Seccional de la Judicatura, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, autorizó el traslado inmediato del juzgado para que el Juez de Campo de la Cruz realice en Barranquilla la audiencia en la que se definirá la medida para los investigados, la cual se llevará a cabo este miércoles.
Los exfuncionarios son investigador por su presunta participación en la desviación de recursos del Plan de Alimentación Escolar (PAE) de ese municipio del Atlántico.
Gómez Issa y Mercado Paz fueron imputados por hechos relacionados con la suscripción de un convenio de asociación entre la administración municipal y la Fundación Enlace ONG, que buscaba garantizar la entrega de 300 desayunos diarios y 370 paquetes alimenticios a los alumnos más vulnerables de Campo de la Cruz.
El costo del contrato ascendía a $128’533.701. En el transcurso de la investigación se logró determinar por parte del ente investigador que el entonces alcalde habría malversado los recursos destinados para el convenio y, supuestamente, los utilizó para pagar embargos y otros compromisos del municipio. De igual forma, se estableció que la fundación contratista recibió el 30% del valor del convenio, nunca obtuvo el excedente y quedó pendiente el suministro de 900 desayunos para estudiantes de estrato 1 y 2.
A Jorge Enrique Gómez Issa le fueron formulados cargos por contrato sin cumplimento de los requisitos legales, peculado por apropiación oficial diferente, uso de documento falso y fraude procesal (estos dos últimos delitos, por haber modificado los documentos que sustentaban el presupuesto municipal y así dar una apariencia de legalidad ante la Contraloría Departamental.
Mientras que a Roberto Efraín Mercado Paz le fueron imputados los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por aplicación oficial diferente.