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Los diputados Jorge Rangel y Margarita Balén; los concejales Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Calleja; los exconcejales Aissar Castro Reyes y Vicente Támara y la excandidata a la Cámara Lilibeth Llinás deberán responder ante un Juez Penal Municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla si aceptan o no los cargos endilgados por un delegado de la Fiscalía 127 Seccional Eje Temático, por la supuesta compra de votos a favor de la congresista Aida Merlano Rebolledo. 

En diálogo telefónico con EL HERALDO, el ex concejal Aissar Castro Reyes confirmó su asistencia y la de todos los citados por la Fiscalía General de la Nación al Centro de Servicios Judiciales, antiguo Telecom, para llevar a cabo la audiencia de imputación de cargos por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

'Sí vamos a estar presentes. Nosotros nos pusimos a disposición de la Fiscalía mucho antes de que la doctora Aida Merlano fuera capturada', informó. 

Por su parte el abogado Diego Muñetón, representante de la diputada Margarita Balén y la ex candidata a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical Lilibeth Llinás, quien llevara el apoyo de Aida Merlano en las pasadas elecciones, dijo que sus representados 'por iniciativa propia insistieron en estar presentes en la audiencia pública'.

Otro de los citados por el ente acusador que confirmó a esta casa editorial su asistencia a los juzgados penales, fue el concejal Aissar Castro Bravo.

EL HERALDO buscó comunicarse con el diputado Jorge Rangel, el concejal Juan Carlos Zamora y el exconcejal Vicente Támara, pero al cierre de esta edición no fue posible confirmar su asistencia a la audiencia. 

Los 7 cabildantes fueron vinculados formalmente a las investigaciones por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en una rueda de prensa hecha el pasado 21 de junio en la que dio la programación de algunas actuaciones judiciales en distintas partes del país por casos de corrupción electoral.

La audiencia pública de imputación de cargos corresponde a las investigaciones iniciadas durante las elecciones del 11 de marzo, cuando miembros del GOES de la Policía Metropolitana allanaron la vivienda de la carrera 64No. 81B-72, utilizada como Comando Político por la entonces candidata al Senado por el partido Conservador, Aida Merlano.

Allí las autoridades capturaron a 5 personas que se encontraban laborando dentro de la ‘Casa Blanca’ e incautaron más de 260 millones de pesos en efectivo, armas y posible material probatorio que indicara que el grupo que apoyaba la candidatura de la congresista Merlano incurría en una presunta compra de votos.

Por estos hechos se han reportado las capturas la congresista Merlano en el mes de abril y del abogado Carlos Jiménez y su hermana Sara Luz Jiménez, imputados por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, corrupción al sufragante y falsedad en documento privado.

A Merlano la Corte Suprema de Justicia actualmente la investiga por los delitos de corrupción al sufragante, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones, y ocultamiento y posesión ilícita de cédulas.