En medio de la continuación de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los siete políticos locales involucrados en la investigación ‘Casa Blanca’ de la Fiscalía, los abogados Víctor Cruz y Julio Ojito Palma, defensores de los concejales Juan Carlos Zamora Calleja y Aissar Castro Bravo, respectivamente, pidieron al togado que les permita la ausencia de sus representados para que puedan asistir a las sesiones extraordinarias que se llevarán a cabo este miércoles en el Consejo Distrital de Barranquilla en horas de la mañana.
Respecto a esta solicitud el Juez Bacrim, Ricardo Méndez, concedió el permiso a los dos políticos imputados junto a Margarita Balén, Aissar Castro Reyes, Jorge Rangel, Lilibeth Llinás y Vicente Támara por los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante.
Antes de esa solicitud, tuvo precisamente la intervención el abogado Víctor Cruz, representante de Aissar Castro Reyes y su hijo Aissar Castro Bravo.
En su participación ante el juez el defensor señaló que, a su juicio, 'no hay claridad en cuál de sus protegidos es señalado como coordinador en la organización presuntamente dedicada a la compra de votos'.
'En las listas encontradas por la Fiscalía aparece el nombre de Aissar Castro, pero la Fiscalía no hace claridad si es el padre o el hijo', señaló Cruz.
Este indicó además que 'no estaba de acuerdo con la interpretación hecha por el agente especial designado por la Procuraduría, David De Aguas, acerca del material probatorio presentado por la Fiscalía ante el juez.
El defensor señaló que a su entender 'el procurador falta a la verdad al señalar que los procesados tienen un rol de coordinadores y que luego de la captura de Aida Merlano ejercieron el papel de jefes de la estructura'.
Otro aspecto con el que el delegado de la bancada busca controvertir los 210 materiales probatorios presentados por la Fiscalía contra los políticos locales es el pedido al Juez no dar crédito al testimonio de Francisco Palencia Borrero, señalado por el ente acusador como testigo clave a la hora de develar el modus operandi de la organización de la ‘Casa Blanca’.
'No es posible que una persona que renunció a un mes de la culminación la campaña de uno de los políticos en 2015, pueda saber o demostrar el supuesto grupo de compra de votos en el año 2018', dijo Cruz desestimando la denuncia que la Fiscalía tomó como base junto al material encontrado el pasado 11 de marzo en los allanamientos a la sede política de Merlano y agregó que en los videos de cámaras de seguridad solo se ve a sus protegidos en un par de ocasiones lo que no demuestra que hayan participado como coordinadores en la empresa dedicada a la presunta compra de votos.
Para hoy está prevista la intervención de otros abogados de defensa en las horas de la mañana.