El allanamiento realizado el viernes de la semana anterior por la Fiscalía en la sede de la Alcaldía de Puerto Colombia volvió a evidenciar una realidad oculta que se ha venido moviendo desde hace ya varios años: la apropiación de tierras en esta parte del Caribe colombiano.
En la diligencia de ese día, el fiscal quinto especializado de Barranquilla, Amín Mosquera Moreno, ordenó a funcionarios del CTI allanar el despacho del alcalde Steimer Mantilla y cuatro despachos de secretarías con el objetivo de recaudar documentación relacionada con presuntas irregularidades en folios de matrículas inmobiliarias. A través de estas, según las indagaciones adelantadas, se habrían legalizado aparentemente adjudicaciones de bienes fiscales y de uso público de la Nación, bajo el control de la Dirección Marítima y Portuaria, Dimar. Dichas investigaciones se extienden a adjudicaciones tanto del extinto Incora como del Incoder, en años más recientes.
Según explicó ese día en un comunicado de prensa el mismo alcalde de Puerto, la diligencia se realizó dentro de una investigación que se desarrolla por 'una denuncia ciudadana hecha en 2007'.
En la comunicación, Mantilla informó que los investigadores buscaban recaudar todas las pruebas relacionadas con dos matriculas inmobiliarias que 'datan de varias décadas atrás'.
Seguidamente, el mandatario municipal indicó que el fiscal solicitó a la Secretaría de Desarrollo Territorial información sobre las licencias de construcción que 'durante estos más de 60 años' tengan que ver con las matrículas inmobiliarias que son objeto de indagación.
Denuncias anteriores
Dependencias del orden nacional como la Superintendencia de Notariado y Registro, las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, al igual que autoridades locales, ya le seguían la pista a denuncias de cómo en municipios de la zona costera del Atlántico se han adelantado oscuros procesos de apropiación de tierras, manejados por poderosas mafias.
Los registros de las autoridades evidencian que en municipios como Puerto Colombia y Tubará, donde se concentran las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación en una primera fase, se conoce que al menos 500 predios de baja mar y de playa han sido usurpados por invasores profesionales. Eso mismo lo denunció la Capitanía de Puerto de Barranquilla en mayo de 2017. Según la Dimar, son 3.533 predios invadidos en los que hay desde kioskos hasta lujosas casas playeras.
En estas investigaciones la mayor preocupación gira alrededor de lo acontecido en la apropiación de tierras en el municipio de Tubará a lo largo de sus 18 kilómetros de playa, ya que se ha convertido en la punta del iceberg a partir de las denuncias de líderes de la comunidad indígena de la etnia Mokaná. Desde 2013 estos denunciaron sobre permanentes movimientos de personas extrañas en lujosas camionetas de alta gama, así como de equipos para remoción de tierra, lo que ha ocasionado la tala de árboles, de mangle y del bosque seco tropical nativo de la Región.
EL HERALDO conoció que el pasado 7 de junio el mismo fiscal quinto especializado, en inspección judicial practicada a la Alcaldía de Tubará, obtuvo importantes pruebas documentales que relacionan el proceso de apropiación de tierras alrededor de dos matrículas, con las que se ha realizado la apropiación irregular para efectuar los despojos de propiedades, proceso en el cual se investiga la intervención de grupos al margen de la ley.
Homicidios
Al menos 15 homicidios cometidos en Barranquilla y el Atlántico estarían relacionados con el tema de robo de tierras en esta región del país, de acuerdo con pesquisas de las autoridades judiciales.
El 15 de julio de 2016 sicarios acabaron con la vida de Rafael Enrique Sandoval Rossette, a quien le propinaron seis tiros en el interior de un restaurante de comida típica, situado en el norte de Barranquilla.
La Policía informó en su momento que el homicidio de la víctima, quien trabajaba como jefe de una empresa de seguridad de predios, estaba 'relacionado con la titularidad de predios en el área metropolitana de Barranquilla y el Atlántico'.
Casualmente, una hermana de Sandoval Rossette había sido asesinada en febrero del mismo año en el barrio Costa Hermosa. La mujer fue identificada como Jennifer Isabel Sandoval Rossette, de 24 años. Sin embargo se desconoce si su muerte guarda relación con la línea investigativa del caso de su hermano.
Asimismo, en septiembre de 2016, en el sector conocido como El Vaivén, una vereda del municipio de Juan de Acosta, fue asesinado Luis Simanca Charris.
El hombre recibió tres tiros y murió en el interior de su camioneta Toyota. El entonces comandante de la Policía del Atlántico, coronel Raúl Riaño, informó que como hipótesis tenían que la víctima 'estaba inmersa en procesos por temas de tierras, de compra y venta, en el sector de Piojó'.
