Una amenaza de no recibir más detenidos por parte de la coordinación de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía sacó a flote un nuevo capítulo de la crisis por sobrecupo y hacinamiento que no solo se evidencia en penitenciarias y centros carcelarios de Barranquilla, sino que se agravó en dependencias judiciales cuyos calabozos están destinados para el tránsito y no para la permanencia de los procesados.
Hacia las 7:30 de la noche del pasado sábado, el fiscal coordinador de la Unidad de Reacción Inmediata, Pío Agustín Castaño Vega, convocó a una reunión de emergencia a la directora seccional de Fiscalías, Claudia López Duncan; y al comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Mariano Botero Coy, para que conocieran de primera mano la situación de sobrecupo de las carceletas de la dependencia judicial ubicada en la carrera 39 con calle 41, barrio Rosario, en el centro de Barranquilla.
Al término de la reunión extraordinaria, el comandante Botero Coy dio a conocer la magnitud de la crisis al interior de la URI.
'Hay 120 hombres y mujeres y la capacidad transitoria es de 68 personas', dijo, por lo que el sobrecupoes del 100%.
