Ante la ausencia este martes de la ex representante atlanticense a la Cámara por el Partido Conservador, Aída Merlano, durante el inicio de su juicio en la Corte Suprema de Justicia, su abogado defensor, Jesús Albero Yepes, aseguró que la investigada dirigente política barranquillera asistirá ante los estrados 'pero cuando haya garantías'.
Precisamente esta 'falta de garantías' fue la que argumentó el abogado durante la audiencia preparatoria de juicio ante la Sala Penal, en medio de la recusación a uno de los conjueces, Francisco Sintura, lo que hizo que el máximo tribunal de la justicia ordinaria aplazara el proceso hasta que se resuelva el recurso.
Así expuso Yepes, defensor de los señalados en el caso del Fondo Premium e Interbolsa, la recusación contra Sintura, representante de víctimas en esa misma investigación: 'En ese proceso actuamos permanentemente como contrapartes y sí que ha hecho valer esa condición, y la ley prevé ese tipo de circunstancias y advierte que no se puede ser juez en una causa cuando el defensor que representa al procesado es también contraparte del juez en otro proceso'.
Agregó el defensor que el conjuez –designado para reemplazar en el proceso al magistrado Jorge Caldas, quien se declaró impedido al haber fungido como procurador durante la detención de Merlano- no puede conocer el juicio contra la barranquillera pues 'esto cuestiona el esquema de un juez imparcial e independiente'.
Sobre la eventual comparecencia de Merlano a las audiencias ante el máximo tribunal de la justicia ordinaria, el legista aseguró: 'En efecto, no había condiciones para la realización de la audiencia. La manera como se ha instrumentalizado la Sala de Juzgamiento está dificultando un debido proceso'.
De esta manera, se vio truncado el inicio del juicio contra Merlano por presunta compra de votos en las pasadas elecciones parlamentarias, dentro de lo que se ha conocido como 'Operación Casa Blanca'.
Merlano es acusada de haber cometido los delitos de corrupción al sufragante agravado; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones y concierto para delinquir.
Sobre la senadora electa en los comicios de marzo pasado, actualmente privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que se le halló 'documentación que la compromete' en una compra de votos por más de $6 mil millones.
Esto, tras el allanamiento a su sede de campaña en Barranquilla, precisamente llamada la 'Casa Blanca', 'donde habría funcionado una sofisticada red de compra de votantes, que incluso utilizaba calcomanías con código de barras bidimensional (código QR) para identificar y hacer seguimiento a los líderes encargados de la compra de votos'.
'Luego de las verificaciones iniciales, la Fiscalía libró orden de allanamiento, y durante el proceso se encontraron nueve computadores, cuatro armas de fuego (entre las que había dos revólveres, una escopeta y una pistola. Solo una de ellas tenía salvoconducto, a nombre de Aída Merlano), $268’993.000 en efectivo (guardado en un cuarto destinado exclusivamente para eso) y registro de cámaras de seguridad instaladas por toda la casa', reportó el titular del ente acusador pocos días después de las votaciones legislativas.
Entre tanto, el Consejo de Estado acogió para su estudio, hace un par de semanas, el recurso de apelación en contra del fallo que declaró la pérdida de investidura a Merlano, al determinar que en su campaña política al Senado para el periodo 2018 – 2022, la congresista superó los topes exigidos por la ley, empleando más de $6 mil millones pese a que el monto máximo permitido por las autoridades electorales es de $884 millones.
