En la mañana de este miércoles agentes del CTI de la Fiscalía, bajo la coordinación de la Fiscalía 14 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, capturaron en Barranquilla a tres abogados y un exfuncionario de un juzgado laboral de esta ciudad.
Los capturados fueron identificados como Juan Carlos Correa Olaya, abogado y quien fungió como Juez 14 Laboral de Barranquilla en calidad de encargado, su arresto se dio en la calle 82 A con carrera 41E, vía pública; en la misma dirección fue detenida la también abogada Maryori Sofía De la Hoz Peña; en la calle 57 con carrera 18 fue capturada la abogada Zurita Viviana Galezzo Bolívar; y en la carrera 54 con calle 74 se produjo el arresto de José Ulises Torres Narváez, exsecretario del Juzgado 14 Laboral de Barranquilla.
Cartel de Pensiones
Investigaciones de las autoridades apuntan a que al parecer podría existir un ‘cartel de las pensiones’, que con la participación de los capturados habrían direccionado los procesos en favor de los abogados demandantes.
Sobre el caso, un investigador judicial señaló en su momento que los detenidos presuntamente se apropiaron de $4.500 millones, producto del fallo del juez laboral sospechoso de favorecer a funcionarios judiciales y abogados intervinientes en el proceso.
'Estos pagos se ordenaron de manera irregular, en segunda instancia un Juez del Circuito de Barranquilla revocó la decisión que favoreció a estas personas, pero lastimosamente este cartel ya tenía el dinero en sus manos', puntualizó la fuente.
Las cuatro detenidos tenían orden de captura emitida por un juzgado de Bogotá por los delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación y concierto para delinquir.
En horas de la tarde de ayer, la detenida Zurita Gazzo Bolívar debió ser trasladada hasta un centro asistencial para verificar su estado de salud debido a fuertes mareos.
Está previsto que los tres abogados y el exfuncionario del juzgado sean presentados en las próximas horas a audiencias de legalización de captura, imputación de cargos, y solicitud de medida de aseguramiento en el Centro de Servicios Judiciales ante un juez penal municipal con funciones de control de garantías para que respondan por los delitos señalados.
