La Fiscalía General de la Nación, representada por Faisully Montes, en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento consideró que entre los 10 procesados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, estafa, falsedad en documento privado, administración desleal y corrupción privada cometidos contra la Universidad Autónoma del Caribe, unos tuvieron mayor injerencia que otros, razón por la cual resolvió pedir medidas diferentes para el grupo.
La fiscal asignada resolvió pedir medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Ramsés Vargas Lamadrid en su condición de rector y presidente de la Sala General de la alma mater entre 2013 y 2018; Mariano Romero Ochoa en calidad de rector de la universidad para la fecha 2013 y posteriormente como miembro activo de la corporación; Jesús Pantoja Mercado, ex secretario general de la universidad; Pedro Sierra García, ex vicerrector administrativo; Efraín Maldonado Palma, como gerente de las Tic y representante legal suplente para 2013; Johanna Hilldembrand, ex vicerrectora financiera; y Cindy Solar Vargas, empleada de confianza y manejo de la Universidad Autónoma del Caribe.
Asimismo, el ente investigador consideró que hubo participación en los hechos de Yeseny Morales Magdaniel como jefe de la oficina de Crédito y Cartera y Laura Laíno García como empleada de confianza de la universidad, y por eso solicitó que sean cobijadas con medida privativa de la libertad en lugar de residencia, mientras avanza la investigación.
Contra Orlando Saavedra Magri, de 88 años, la fiscal pidió que sea cobijado con medida no privativa de la libertad, pero sigue vinculado al proceso, por lo que no podrá salir de la ciudad y deberá atender el llamado de las autoridades cuando sea requerido.
Una vez leídas las solicitudes por parte de la Fiscalía, los únicos que reaccionaron fueron los familiares de Saavedra Magri quienes se acercaron a él y en medio de lágrimas celebraron la decisión.
Por su parte, Ramsés Vargas permanecía inmutable. Parecía pensativo, pero no gesticulaba reacción alguna.
En medio de la diligencia judicial, el ente investigador solicitó un receso y fue entonces cuando el exrector de la institución se acercó a conversar con su abogado Diego Muñetón.
A las 2:00 se retomó nuevamente la audiencia, la Fiscalía continuaba en las generalidades del caso y tras hora y media de inicio, solicitó suspender la diligencia hasta el día de hoy.
Queda pendiente en la continuación la exposición por parte de la fiscal Montes de los elementos materiales probatorios individuales por los cuales solicitó medidas diferentes para los procesados, asimismo la intervención del representante de la Procuraduría y seguidamente el turno para los abogados defensores para entregar sus razonamientos sobre lo planteado por la Fiscalía.
La audiencia quedó programada para las 8:00 a.m. en la Sala de Justicia y Paz.
