La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla emitió sentido de fallo condenatorio en contra del exfiscal Óscar Contreras Amarís, quien fue hallado penalmente responsable de los delitos de concusión y prevaricato por acción agravado.
Contreras Amarís fue capturado el 20 de abril de 2016 y tras ser presentado en audiencia, un juez le concedió el beneficio de detención domiciliaria, debido a problemas de salud que presentaba, originados por una enfermedad cardíaca.
El caso por el cual fue condenado el exfiscal tiene que ver con la devolución de una camioneta marca Chevrolet Captiva Sport, de placas MHW 392, la cual le fue incautada a Stefy Díaz Atencia, alias la Beba, en septiembre de 2014. En el vehículo fueron encontrados cinco kilos de cocaína.
Para la devolución de la camioneta debía mediar la decisión de un juez en una audiencia pública. Sin embargo, Contreras Amarís entregó de manera directa el vehículo a ‘la Beba’, y sin autorización judicial y por ello habría cobrado $6 millones.
La audiencia de lectura de sentencia contra Contreras Amarís fue fijada para llevarse a cabo el pasado 11 de febrero, pero no se pudo realizar debido a la suspensión provisional de tres meses que le impuso la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura al magistrado ponente Jorge Eliécer Mola Capera, actual vicepresidente de esta corporación, 'al decretar medidas provisionales en trámites de acciones de tutela’, al parecer, sin cumplir con los requisitos constitucionales y legales previstos para tales efectos, en la puja por el control de la Universidad Metropolitana.
Van cuatro condenados
Con el exfiscal Contreras Amarís son cuatro las personas que han sido condenadas por presunta corrupción en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla. En febrero de 2016 el juez 7o. penal del Circuito condenó a cuatro años de prisión a Armando Castro Barraza por el delito de concusión, quien fungía como coordinador de la Casa de Justicia del barrio La Paz.
Castro Barraza aceptó haber recibido $500 mil para ayudar a la expedición de certificados de buena vecindad y madre cabeza de hogar para Steffy Díaz Atencia, alias la Beba, señalada de pertenecer a ‘los Químicos’, una banda local dedicada a la producción y el tráfico de drogas.
En agosto de 2018, el Tribunal Superior de Barranquilla revocó el fallo absolutorio que el Juez Tercero Penal del Circuito había proferido en favor del inspector de policía, Francisco Sanabria Muñoz y la líder comunal del barrio Las Estrellas, Nerilda Isabel Caré Parra, y los condenó a 8 y 6 años de cárcel, respectivamente.
Según el entonces fiscal 6 anticorrupción Germán Arias Cortés, Sanabria y Caré facilitaron que la defensa de ‘la Beba’ obtuviera el certificado de buena vecindad y madre cabeza de hogar en el barrio Las Estrellas, donde residía, para obtener detención domiciliaria.
Los magistrados del Tribunal ordenaron capturar de manera inmediata a los procesados. Sanabria fue hallado como autor penalmente responsable del delito de concusión, mientras que Caré del delito de falsedad en documento privado, ambos en calidad de intervinientes.
Los hoy condenados hicieron parte de un total de 13 personas capturadas en agosto de 2015 por presunta corrupción en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.
Los otros son los jueces penales municipales Edwin Volpe Iglesia, José Vergara Otero y Rafael Uribe Henríquez, así como la juez cuarta penal del circuito, Gloria Amparo, Giraldo Ruiz, quienes están libres por revocatoria de medida, a excepción de Volpe Iglesia que cumple una condena de cuatro años de prisión que le impuso el Tribunal Superior de Barranquilla, luego de que el togado anulara, mediante una acción de tutela, la condena a 31 años de cárcel a los primos Elías Eduardo Abohomor Salcedo y Alex Navarro Salcedo, como autores de la denominada masacre de Caño Dulce, que les impuso el mismo Tribunal Superior de Barranquilla.
Actualmente el proceso contra los jueces penales y del circuito se encuentra en audiencia preparatoria ente el Tribunal Superior de Barranquilla.
Otros capturados fueron los entonces funcionarios del complejo judicial Luis Carlos Tovar Vanegas y César Villadiego Hernández, al igual que los abogados Orlando Anaya Durán y Gabriel Ramos Fontalvo, además de Enisberto José Maestre Fernández, secretario del juzgado 13 penal municipal.
Todos fueron relacionados por la Fiscalía con presuntas irregularidades en la asignación de audiencias y la toma de decisiones de algunos jueces.
Anaya, junto a Villadiego, Tovar y Maestre están en audiencia preparatoria en el Juzgado 10º. Penal del Circuito de Barranquilla y en la actualidad se encuentran libres por vencimiento de términos, mientras que Ramos se acogió a un principio de oportunidad y se convirtió en testigo de la Fiscalía contra los demás acusados.
