El Juzgado Promiscuo Municipal de Tubará (Atlántico), con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en el lugar de domicilio en contra de 7 presuntos integrantes de una red dedicada a estafar entidades bancarias y docentes en Antioquia y otros departamentos del país.
Entre los procesados está Jesús Alberto Rosales Therán, auxiliar de la Registraduría de Barranquilla y quien al parecer falsificaba los documentos de identidad.
Igualmente, fueron judicializados Milagro Patricia Márquez Barrios, Gilma Aracelly Salas Ávila, Osvaldo Enrique Tapia Salazar, Gerson Enrique Camargo Galindo, Ricardo Antonio Camargo Galindo y Brigith Esthefanía Bucheli Riascos, quienes supuestamente tenían entre sus roles suplantar a las víctimas, falsificar documentos de identidad, suministrar referencias de víctimas y hacer seguimiento a los afectados.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo de Medellín, desde el año 2016 fueron recibidas varias denuncias sobre personas oriundas de la Costa Atlántica, que se dedicaban a estafar al gremio educativo y entidades bancarias en diferentes municipios colombianos.
Con el análisis investigativo y la asociación de casos realizada del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se evidenció la existencia de una red nacional dedicada a suplantar docentes para realizar créditos y préstamos en cooperativas y bancos, cajas de compensación, almacenes de cadena y empresas de telefonía celular, en los municipios antioqueños como Medellín y su área metropolitana; también en los departamentos de Caldas, Huila y Atlántico.
Se logró establecer que en la ciudad de Medellín la estafa asciende a los 200 millones de pesos. También se lograron identificar más de 25 docentes víctimas de suplantación.
Los procesados aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, uso de documento público falso y falsedad en documento público y privado.
