El viernes anterior Silvia Gette Ponce retornó a la cárcel de Mujeres El Buen Pastor de Barranquilla luego de seis años de pasar por primera vez por este centro penitenciario. Esta vez lo hacía en cumplimiento a una orden del juez 11 Penal del Circuito de Barranquilla, Manuel López Noriega, quien dio un fallo condenatorio de nueve años de prisión para la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe por el delito de abuso de confianza calificado en el que fue víctima la corporación universitaria.
Gette Ponce fue capturada en su domicilio el jueves por la tarde, pernoctó en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, URI, y hacia las 5:00 de la tarde del viernes salió rumbo hacia el único penal de mujeres de la capital del Atlántico.
Ese mismo día se conoció a través de un comunicado que su abogado, Raúl Cadena Lozano, había interpuesto acción constitucional de Habeas Corpus con la que se buscaba impedir el traslado a la cárcel de la exrectora, pero el togado del Juzgado Quinto Laboral de Pequeñas Causas de Barranquilla, sitio a donde llegó la solicitud, la rechazó por improcedencia al considerar que no era ese despacho el competente para realizar el control de legalidad sobre la captura de Gette Ponce.
En el mismo comunicado, el abogado Cadena Lozano anunció entonces que el sábado radicaría 'ante los Jueces Penales con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, solicitud de audiencia de control de legalidad sobre la mencionada captura, con el ánimo de que sea decretada su ilegalidad', ya que, según él, se quebrantaban 'ostensiblemente los derechos fundamentales Beatriz Gette Ponce, al debido proceso, principio de legalidad, cosa juzgada, igualdad material, unidad familiar y dignidad humana, pues indebidamente fue sustraída por miembros del CTI de su residencia, lugar donde se encontraba purgando prisión domiciliaria concedida por un Juez de la Republica, y que aún hoy en día encuentra plena vigencia'.
A todas estas, Gette continúa en prisión desde el viernes. Pero se espera que su defensa busque todas las formas posible para que esta vuelva, por lo menos, a prisión domiciliaria por apropiarse en 2007 de un millón de dólares que salieron de las arcas del centro de educación superior.
