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El Juez Primero Penal Municipal de Control de Garantías, Alberto Oyaga Machado, dictó medida de detención domiciliaria al rector de la Universidad Metropolitana Juan José Acosta Osío y Alberto Enrique Acosta Pérez, representante legal de la corporación, en medio de una diligencia que se llevó a cabo este martes en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.

La orden judicial se desprende de una investigación que adelanta la Fiscalía contra las dos personas vinculadas a la Universidad por falsedad ideológica en documento privado, entre otros delitos, según consta en el acta de la diligencia.

La decisión contra Acosta Osío y Acosta Pérez fue adoptada en diligencia celebrada ayer en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y se produce en medio de un larga puja por el control de la Universidad Metropolitana y la Fundación Hospital Universitario entre los imputados y Carlos Jaller Raad e Ivonne Acosta Acero.

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El juez Primero explicó en la audiencia que basó su decisión en el artículo 307, numeral 1 literal B, teniendo en cuenta, dijo, que los procesados representan un peligro para las personas señaladas como víctimas en el proceso jurídico.

Agregó que, no obstante, esta decisión aún no está en firme toda vez que deben resolverse unos recursos presentados en la diligencia de este martes por el delegado de la Fiscalía que actúa en reemplazo del fiscal 56 de patrimonio económico.

En ese sentido, para este viernes 30 de agosto el delegado de la Fiscalía 58 de patrimonio económico buscará controvertir la decisión del juez Oyaga Machado, con la sustentación de un recurso de reposición con subsidio de apelación, que deberá ser resuelto por el togado y a la vez trasladado a un juez del Circuito para su revisión.

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Ayer la Universidad Metropolitana y la Fundación Hospital Universitario enviaron un comunicado a los medios de comunicación para rechazar la decisión de medida de aseguramiento impuesta del juez de control de garantías, de la cual dijeron que 'no está en firme'.

Finalmente, anuncian que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para efectos de poner este caso en conocimiento del sistema interamericano.