Una madre preocupada hace lo necesario por su hijo, sobre todo si considera que este se encuentra en peligro. De ser indispensable, iría hasta las últimas instancias para denunciar aquello que deteriora el bienestar de sus pequeños.
Así lo ha podido constatar la Oficina de Quejas y Control Disciplinario Interno del departamento del Atlántico tras recibir denuncias, en su mayoría provenientes de padres de familia, por presuntos casos de acoso y abuso sexual a menores de edad de parte de funcionarios de instituciones educativas públicas.
Diana Betancur, directora de esta dependencia, aseguró que actualmente se adelantan 16 procesos disciplinarios contra 14 docentes y dos celadores de colegios del Estado que se habrían aprovechado de sus posiciones para cometer delitos sexuales contra estudiantes.
Algunos de los procesos, asegura la funcionaria, habrían iniciado en 2015 y, puestos en contexto, logran encender una alarma por la creciente cifra de casos de delitos sexuales registrados por la Policía Nacional.
