Desde hace tres años la Fiscalía venía siguiéndole la pista al método utilizado por la Secretaria de Educación del Atlántico para la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La investigación, de acuerdo con la Fiscalía, arrancó con una urgencia manifiesta que la Gobernación del Atlántico realizó el 19 de enero de 2016, a través del decreto 000029 para el sector educativo del departamento, el cual buscaba garantizar la oportuna prestación del servicio del PAE por un periodo de tres meses y cuyo monto destinado ascendió a los $22.000 millones.
Así mismo, el decreto ordenó 'celebrar el o los contratos necesarios para brindar la complementación alimentaria a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo oficial'.
La adjudicación del PAE llevaría raciones a 72.976 estudiantes, de un total de 95.000, matriculados en 85 colegios públicos de 20 municipios del Departamento.
Pero dicha licitación se declaró desierta y se conformaron dos uniones temporales: Alimentación Escolar y Nutrir Atlántico, esta última es propiedad de Félix Barrios, a quien le dieron un contrato por $7.500 millones.
Así las cosas, entre la Gobernación y la UT Nutrir Atlántico firmaron un acuerdo donde se estableció las tarifas por ración de almuerzo en $2.790 y ración de complemento alimenticio (merienda) a $1.773.
En ese momento, se estableció que el convenio fue por un plazo de 50 días, y que 'solo se cancelaría por raciones suministradas a los estudiantes'.
Pero los contratos 'se mantuvieron' por los siguientes meses sin que se abriera nueva licitación.
Lo anterior fue la causa por la que la Fiscalía 61 de delitos contra la administración pública adelanta una serie de investigaciones contra el secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza, por siete presuntos delitos cometidos en la contratación del PAE en el departamento.
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Los delitos
Barraza junto a Félix Enrique Barrios Ballestas, Uriel Eduardo Reyes Pájaro y Emil Armando Pacheco Jiménez son acusados por la celebración indebida de contrato, falsedad de documento público, prevaricato, falsedad de ideología en documento público, peculado por apropiación, falsedad material en documento privado e interés indebido en celebración de contrato.
Los presuntos delitos se desprenden de la supuesta adjudicación del contrato por valor de $7.500 millones para el suministro de alimentos a los estudiantes de los colegios públicos que funcionan en 20 municipios del Atlántico, en las vigencias 2016 y 2017.
Una fuente de la Fiscalía señaló a este medio que Barraza, presuntamente, era el encargado 'de autorizar y hacer las contrataciones', con respecto a la operación del programa en los colegios públicos del departamento.
'Buscaban era apropiarse de los recursos de los estudiantes que se beneficiaban del programa; les daban un plato de comida que era una cucharada de espagueti con 1/4 de galleta de soda y con eso justificaban el almuerzo', dijo la fuente.
La fuente señaló que el monto por el que se investiga a los involucrados en el proceso suma más de $147.000 millones.
'Eso fue lo que se pudo comprobar en el proceso, sin meter lo del año que pasó (2018) y lo que va corrido de este (2019)', dijo el informante.
Faltan dos personas
Una fuente de la Fiscalía precisó que aún faltan dos personas por capturar, entre ellas un nuevo ‘zar’ del PAE en la Costa, quien a través de fachadas con empresas que suministraban servicios a las uniones temporales y operaba en Córdoba, Sucre, Atlántico y La Guajira, ha llegado a manejar recursos por el orden de los $780 mil millones.
Dagoberto Barraza y las otras tres personas fueron capturadas la mañana del pasado sábado. El secretario de Educación fue detenido en una casa de su propiedad ubicada en Sabanalarga y trasladado a URI.
Imputación de cargos
Para este martes, a las 8:00a.m, se tiene previsto que se realice la audiencia de imputación de cargos contra Dagoberto Barraza y las otras tres personas capturadas por las presuntas irregularidades en el PAE.
Este medio conoció que la audiencia no se celebró ayer ni hoy por que el juez que lleva el caso 'tomó dos días libres' y aunque sugirió que el caso sea llevado ante otro togado, la defensa dijo que 'esperaría hasta el miércoles'.
En la diligencia la Fiscalía presentara el material probatorio recolectado durante 'meses de investigación' para definir el grado de culpabilidad de los señalados dentro del proceso.
