El secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza, no se allanó la tarde de este jueves a los cargos que formuló el ente acusador en su contra, por las supuestas irregularidades en la contratación del PAE.
En la audiencia, la Fiscalía imputó cargos a Barraza por interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, abuso de función pública y peculado por apropiación en favor de terceros por más de $3.000 millones.
Por su parte, pese a que el funcionario público Emil Armando Pacheco y los contratistas Uriel Eduardo Reyes y Félix Enrique Barrios no se allanaron a los cargos, todos quedaron imputados formalmente, al considerar que 'se puso en juego la alimentación de niños de escasos recursos entre los 4 y 12 años, que habitan los 20 municipios no certificados del Atlántico'.
La audiencia correspondiente a la medida de aseguramiento quedó fijada para las 8:00 a.m. de este viernes.
La audiencia
Sobre las 10:20 de la mañana de ayer arrancó la continuación de la audiencia de imputación de cargos contra Dagoberto Barraza, junto a las otras tres personas que fueron capturadas el pasado sábado.
En la diligencia, la Fiscalía empezó diciendo que Barraza 'desconoció' el principio de transparencia para dar la puntuación de las uniones temporales seleccionadas para celebrar los contratos en 2016.
'Barraza faltó a la verdad al no vigilar la experiencia de los contratados para prestar el servicio de alimentación en 20 municipios del departamento', dijo la Fiscalía.
Pero, de acuerdo con el ente de control, 'ninguna' de las uniones contratadas 'llenaron los requisitos técnicos de los pliegos' debido a que no aportaron 'experiencia en el manejo de alimentos'.
'Los requisitos exigidos para celebrar contratos para el segundo semestre de 2016 se plantillaron conforme los mismos que se habían presentado en el primer semestre de 2016, es decir, de manera irregular', señaló la fiscal que lleva el caso.
Un dueño
Los contratos eran manejados por el ‘zar’ del PAE en la Costa, Alejandro Hernández Vidal. Esta persona, según la Fiscalía, 'era el dueño de los contratos para la operación del programa'.
'El contratista incumplió con lo pactado al brindar alimentos de baja calidad. Se incumplió en ciclo de minutas. Las raciones dadas no correspondían a las que exigía el contrato. Las comidas tenían menos peso a lo que se había acordado, eso fue un detrimento de las especificaciones en la ejecución del contrato', dijo la fiscal y añadió que el valor del contado fue por $16.400 millones.
Informes de interventoría reseñaron que en varias instituciones se observó también 'irregularidades' en la calidad proteica de los alimentos entregados en varios colegios.
'Los componentes nutricionales fueron muy bajos. Se halló poco contenido de proteína y mayor número de complemento carbohidrato. Algunos de las raciones cumplían con el peso, pero no con los componentes nutricionales', añadió la representante del ente acusador.
Durante la segunda parte de la diligencia, la Fiscalía argumentó, a través de una gráfica, cómo se habría dado esta presunta apropiación de recursos, y que nunca fueron justificados.
En los contratos del 2016 aparecen valores de raciones industrializadas no justificadas por más de $820 millones, materias primas no compradas para la preparación en el sitio por más de $710 millones y raciones no entregadas y subsanadas con la alteración de planillas por más de $304 millones.
¿Quién es el ‘zar’?
Aún faltan dos personas por capturar de todo el entramado de la supuesta corrupción del PAE en el Atlántico, entre ellas un hombre al que la Fiscalía denominó como el ‘zar’ del programa en la Costa.
Esta persona es Alejandro Hernández Vidal, quien está 'encargado de controlar' una serie de fundaciones que suministraban servicios a las uniones temporales y opera en Córdoba, Sucre, Atlántico y La Guajira. El hombre ha llegado a manejar recursos por el orden de los $780 mil millones.
Según la Fiscalía, Hernández Vidal 'ejerció control' sobre una fundación que se desprestigió por la prestación de un mal servicio, razón por la que cambió el nombre a Fundación Colombia Digna.
'Luego tomó el control de la fundación sin ánimo de lucro Fundación Rey de Reyes, inicialmente representada por el señor Uriel Reyes, que luego se denominó Fundación Alcanzando Nuestros Sueños', dijo la fiscal durante la audiencia.
'Presiones' y 'robos' en el caso
En la audiencia contra Dagoberto Barraza y otras tres personas, el juez Delio Nieto señaló que el Gaula solo puede 'prestar acompañamiento de seguridad' y que los hoy detenidos 'no pueden estar recluidos en la Brigada Caribe'.
Pero el juez no ofreció mayores detalles sobre lo señalado durante la diligencia; sin embargo, este medio conoció que tal llamado se dio a raíz de que el pasado domingo, en la audiencia de legalización de captura, la defensa le solicitó al juez que permitiera que los detenidos fueran recluidos en la sede del Gaula en la Brigada Caribe.
'La fiscal recibió una llamada de un capitán del Gaula diciéndole que enviara a los capturados al Gaula, debido a que tenían el espacio suficiente para que estuvieran recluidos allí', dijo una fuente a este medio y añadió que ella dijo 'que debía ser el juez el que debía decidir ese aspecto'.
Tal petición fue hecha por la defensa al juez y este accedió, pero la decisión creó 'problema al interior de la sede del Gaula Caribe porque los funcionarios no podían estar allí'.
El miércoles, un general de Bogotá llamó al juez y le dijo que la brigada 'no era una finca de recreo' y debía reversar su decisión.
Por otra parte, varios de los fiscales delegados en el proceso sienten que hay 'una serie de presiones que se incrementaron después de que la Fiscalía compulsó copias a agentes del CTI y de la Contraloría', dijo una fuente.
El informante dijo que hace 'dos noches' a uno de los investigadores 'le robaron del carro una maleta que tenía una carpeta y un disco duro con información del caso de Barraza'.
