Los cinco policías y el expolicía capturados el pasado 11 de diciembre, recibieron este jueves una medida de aseguramiento privativa de la libertad en recinto carcelario, dictada por la juez Sexta Penal Municipal con funciones de control de garantías, Carmen Blanco, luego de varias sesiones de audiencias preliminares.
El dictamen se conoció en la tarde del jueves durante la diligencia en la que la juez comunicó su decisión tras determinar que posiblemente habrían incurrido en el delito de favorecimiento a la fuga agravada, en concurso heterogéneo con el delito de concusión, en calidad de coautores.
Los patrulleros a los que se les impuso dicha medida son Wilfran de Jesús Barragán Medina, Juan Carlos Chavarría López, Fabián Andrés Tamara Rangel y Sergio Luis Pacheco Ramírez; quienes junto al intendente Edwin Pallares Ortiz y el policía retirado Rafael Antonio Ruiz Sosa, irán a la cárcel de Sabanalarga, recinto al que son enviados los empleados de la Justicia Penal, cuerpo de Policía Judicial y del Ministerio Público, entre otros, que incurran en algún tipo de delito.
En dicha cárcel estarán mientras continúa el proceso judicial en su contra por supuestamente permitir o facilitar la fuga de Roger Hernando Hernández Martínez, quien se encontraba en las carceletas del Centro de Servicios tras ser capturado por la desaparición de Anthony Rivero.
Durante las audiencias posteriores a la captura, la Fiscalía 28 de Delitos Contra la Administración Pública, aseguró que los policías y el expolicía no solo habrían facilitado la fuga, sino que, al tener a cargo el control y traslado de los capturados en las carceletas, habrían incurrido en hechos de corrupción al cobrar mensualidades de hasta $1.500.000 para brindar tratos 'preferenciales'.
Más allá del cobro de la mensualidad por el 'arrendamiento preferencial', Fiscalía aseguró que logró determinar que los presos supuestamente pagaban a los patrulleros de turno $50.000 por favores y permisos 'adicionales' durante su estancia en las carceletas.
Estos datos los recopiló la Fiscalía luego de aproximadamente seis meses de investigación, cuyo detonante fue la fuga y posterior recaptura de Roger Hernández, que en la noche del 18 de octubre de 2019 se dirigía en un taxi hacia su casa en el municipio de Juan de Acosta, a pesar de que un juez le había dictado medida de detención en la cárcel Modelo de Barranquilla el pasado mes de julio.
