Los muros y asientos vacíos de la sala de audiencias número 13 del Centro de Servicios Judiciales fueron testigos de algo velado para los medios de comunicación: la legalización de las capturas de Alejandro Hernández Vidal –llamado por la Fiscalía 'el Zar del PAE' en la región Caribe– y su sobrino, Chahee Abauu Hernández, capturados al mediodía del lunes tras presentarse en la URI de la Fiscalía;
A pesar de que se había anunciado para las 8:00 de la mañana de este martes el inicio de las audiencias preliminares contra los procesados por supuestamente acaparar ilegalmente los contratos de ejecución del PAE en Atlántico, las diligencias no iniciaron sino hasta cercanas las 3:00 de la tarde, por motivos que se desconocen.
Además, por orden de la juez 14 penal municipal con funciones de control de garantías, Diana López, la diligencia se realizó a puerta cerrada, argumentando que la sala 'no tiene aire acondicionado'.
Sin reparar en la solicitud de los periodistas de medios locales y nacionales presentes en la audiencia, el proceso continuó velado y, al final de la tarde, se conoció que la togada había decretado legal la captura de ambos hombres, quienes eran requeridos por orden judicial.
Ayer mismo, pero más temprano, el subdirector de la Fiscalía Seccional Atlántico, Régulo Calderón Casalins, se refirió a la captura de ambos hombres asegurando que 'eran los dos que faltaban' luego de que la Fiscalía solicitara su detención a un juez, al mismo tiempo que se solicitó la detención del ex secretario de Educación Dagoberto Barraza, el funcionario público Emil Armando Pacheco, y los contratistas Uriel Eduardo Reyes y Félix Enrique Barrios.
'Esto parte de hallazgo de la Contraloría de hace dos años, que remite a la Fiscalía y se inicia la investigación en la que se determina que hubo irregularidades en el cumplimiento de dos contratos que arrojan un valor aproximado de 10 mil millones de pesos (...) Él (Alejandro Hernández) era el contratista con el que celebraban estos contratos', explicó Calderón.
Al final, la audiencia fue suspendida y se programó para este miércoles su continuación en la fase de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
Lo que dice la Ley
Sobre la decisión de la juez de llevar a cabo la audiencia a puerta cerrada es necesario aclarar que, según la Ley, la fase preparatoria de los procesos judiciales –como es el caso– es de carácter público, salvo en casos en los que ello represente un peligro para los litigantes, jurados, testigos y peritos; afectación de la seguridad nacional; riesgo para los participantes menores de edad de sufrir un daño sicológico; menoscabo del derecho del acusado a un juicio justo y amenaza seria al éxito de la investigación. Ninguno de estos argumentos fue dado por la togada.
