Agentes del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) patrullan las calles de Chiquinquirá, popular barrio de Barranquilla. Recorren la zona a pie y en moto. 'Esto me hace sentir más segura', dice una mujer detrás de una vitrina de una tienda cercana a la calle 39 con carrera 31.
La estrategia anunciada por el general Fernando Murillo, director nacional del Gaula, ya arrancó. Ayer, desde tempranas horas de la mañana era notable la presencia de agentes de este grupo de fuerzas especiales haciendo lo propio: solicitan requisas, hacen patrullajes y, por supuesto, velan por la seguridad de los habitantes de la zona.
'Anoche había como 100 agentes, entre Gaula y Policía, recorriendo las calles. Llegaban a las tiendas, saludaban a los vecinos, hacían lo que creemos que debían haber hecho desde hace muchísimo tiempo para evitar los crímenes por extorsión; pero más vale tarde que nunca', dijo otro hombre que trabaja en una tienda. 'Acá nunca llegaron los delincuentes a pedirme nada gracias a Dios', agregó.
Vecinos, que hablan tras pedir la reserva de sus nombres, señalaron que esperan que la estrategia 'demore el tiempo necesario' para poder controlar la situación y sentar una posición que evite que esta regrese.
'De nada sirve si los policías estarán solo por una semana. Ellos deben quedarse y dar resultados, acabar con esto que lleva años afectándonos', dijo uno de ellos.
De acuerdo con el general Murillo, el comando especial antiextorsión tendrá una escuadra de 11 hombres que estarán las 24 horas del día, siete días a la semana, haciendo labores educativas, de control y atención a cualquier caso que se pueda presentar en la zona de Chuiquinquirá y toda su periferia.
Las alarmas se encendieron tras la ola de denuncias que los tenderos y pequeños comerciantes pusieron de manifiesto con respecto a las extorsiones de las que eran víctimas, pero quizás la gota que derramó el vaso fue el homicidio del comerciante tendero Gerardo Reyes Vega, de 58 años, asesinado el pasado lunes de Carnaval por negarse a pagar extorsiones a miembros de la banda ‘Los de San Roque’.
Las investigaciones del Gaula de la Policía de Barranquilla, en coordinación con el mando central, han permitido identificar a ocho estructuras criminales que utilizan la extorsión como método de financiamiento.
Algunas de estas estructuras, como ‘Los de San Roque’, están al servicio de organizaciones criminales más grandes como ‘Los Papalópez y ‘Los Costeños’, pero algunas trabajan de manera independiente.
Cada una de estas estructuras tendría alrededor de diez hombres, cada uno con funciones específicas en el proceso de extorsión.
En otras zonas. Orlando Jiménez, presidente de la Unión Nacional de Comerciantes, Undeco, celebró la estrategia de las autoridades, pero denunció que en barrios como San Roque y Montes también se presenta la situación.
'Toda esta situación la hemos puesto en conocimiento de las autoridades para que investiguen y se apersonen de la situación. Nosotros vemos con buenos ojos el patrullaje y todo lo que se busca hacer para incentivar la protección de los pequeños comerciantes', dijo el líder gremial.
Manifestó Jiménez que en lo que va del año Undeco ha recibido '10 denuncias' de comerciantes que han sido víctimas de extorsiones, la cifra corresponde a los que están agremiados. Sin embargo, hay residencias, peluqueros, restaurantes y demás negocios que 'están siendo víctimas del flagelo de la delincuencia'.
'La delincuencia genera preocupación. Nosotros no tenemos el músculo para pagar extorsiones. Solo pedimos mayor inteligencia y presencia de las autoridades para poder seguir trabajando en confianza', aseveró Jiménez.
Resaltó el gesto de que el general Murillo se haya reunido con toda la junta directiva de Undeco para analizar y escuchar los testimonios de quienes han sido víctimas del delito.
Unas alertas
En noviembre de 2019, la Defensoría del Pueblo hizo llegar al Ministerio del Interior un documento en el que describían el seguimiento de una Alerta Temprana para Barranquilla y su área metropolitana emitida en 2018.
Mateo Gómez Vásquez, defensor delegado para el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, señaló que la situación se viene advirtiendo desde 2018 para el área urbana de Barranquila y municipios aledaños.
'La estructura de ‘Los Costeños’ tiene esa área de influencia. Ellos afectan a través de conductas vulneratorias, como extorsiones a pequeños comerciantes y homicidios selectivos. Eso genera condiciones de riesgo para la población', explicó Gómez.
Desde 2019, señaló el funcionario, 'se actualizó el escenario de riesgo' y se determinó que la situación se debe a la reconformación de estructuras criminales.
'Barranquilla es un lugar de aprovisionamiento de las estructuras armadas que sirve de repliegue para estas bandas, además para proveerse de insumos para su operación y accionar', detalló el defensor delegado.
Las alertas, destacó Gómez, surgen con el propósito de emprender ruta de prevención para la violacion de los Derechos Humanos.
'Las alertas no son para fiscalizar a las autoridades, sino para dar alternativas y propuestas para que desde los Derechos Humanos se puedan promover condiciones para el ejercicio de los mismos, encaminadas a reforzar las ofertas institucionales', señaló el funcionario.
