Compartir:

La orden de arresto impuesta por el juez Ambulante Bacrim, Ángel Monroy, en contra del fiscal 61 Seccional de la Unidad Regional Antinarcóticos, Manuel Ruiz, provocó que, durante la mañana de este miércoles, varios fiscales de Barranquilla protestaran en el interior de las instalaciones de la Fiscalía en la Torre Manzur, ubicada en el Paseo Bolívar en rechazo a la decisión del togado.

La situación mantuvo cerradas las instalaciones del ente acusador, lo que ocasionó que en las afueras permanecerán por varios minutos personal administrativo y público en general queriendo ingresar a la sede.

En una reunión en las instalaciones de la oficina del sindicato Sintrafisgeneral, también se encuentran los miembros de sindicalistas de Asonal SI y Asonal Leal.

Allí los fiscales se reunión para debatir y realizar un Habeas Corpus que será presentado ante un juez competente para resuelva la libertad del fiscal detenido en las instalaciones de la URI.

'Haremos en horas de la tarde una marcha desde acá (Torre Manzur) hasta el Centro de Servicios para interponer el recurso', dijo uno de los fiscales.

Shirley Rodríguez Vega, fiscal delegado ante los jueces penales del circuito de Barranquilla, mostró su rechazo absoluto al considerar que a un fiscal no se le puede 'poner una mordaza' con los términos en que lo hizo el juez Monroy.

'Esa decisión atenta contra cualquier posibilidad de dignidad. El juez no le puede decir a un fiscal cállese, cállese porque es el dueño de la audiencia. Los jueces no pueden seguir abusando y atropellando a nuestros compañeros fiscales y todo aquel que se le antoje', señaló Rodríguez Vega.

Destacó la fiscal que da la sensación 'que hay cierta impunidad' contra alguien que se está enfrentando a bandas criminales.

'El juez debía respetar que el fiscal terminara su intervención. Con cada interrupción del juez pareciera que lo único que buscaba era desconcentrar al fiscal para que perdiera el hilo de su sustentación argumentativa en la medida de aseguramiento con una banda organizada que está operando el municipio de Soledad', enfatizó la fiscal.

En la audiencia, sostiene Rodríguez Vega, no se estaba hablando de un delito donde alguien se está 'robando azúcar en una supermercado, estamos hablando de desapariciones forzadas, homicidios, de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes'

'Los jueces no pueden seguir con esa falta de respeto hacia nosotros. Ese juez tenía unas herramientas jurídicas para poder entrar a interrumpir si lo consideraba, pero no de esa manera avasalladora', aseveró.