Según la Organización para las Naciones Unidas (ONU), la seguridad ciudadana 'es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica'.
Desde 2017, este concepto –considerado un bien público– se ha venido poniendo cada vez más de moda en América Latina. Los gobiernos no solo se esfuerzan en implementar políticas enfocadas directamente a este asunto, sino que la percepción de la seguridad ciudadana se ha vuelto un rasero para que los ciudadanos midan a sus dirigentes.
Colombia no es un caso aparte. De hecho, poco antes de que se iniciara el proceso de paz, los habitantes del que alguna vez fue llamado el segundo país más feliz del mundo ya empezaban a exigir mayor interés del Gobierno por resguardar el preciado bien del que hoy se ocupa este informe.
Cuando el presidente Iván Duque Márquez asumió el rol del primer mandatario colombiano, al país llegó un nuevo plan para mejorar la manera en que las autoridades enfrentan el 'delito callejero' y, por consiguiente, aumentar la seguridad ciudadana (o al menos su percepción).
Según Duque, la idea era entender cuáles son los delitos que más se cometen, a qué horas, con qué armas y por parte de qué estructuras, para acabar con ellos desde su raíz y con resultados concretos que impactaran en el día a día de los ciudadanos.
Cabe destacar que, según la ONU, la seguridad ciudadana no se trata simplemente de la reducción de los delitos, 'sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia'.
