Luego de que se conociera el primer caso de COVID-19 confirmado en el interior de la Cárcel El Bosque de Barranquilla, una tutela radicada en el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Barranquilla determinó que todas las personas privadas de la libertad y el cuerpo de custodia y vigilancia de tres cárceles del Atlántico deberán ser testeados de manera inmediata.
La tutela —con fecha del 5 de mayo de 2020, pero conocida este sábado— fue interpuesta por la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario, seccional Barranquilla, representada por Fredy Patiño Hernández; con el objetivo de 'que se garantizaran los derechos de salud, vida, el trabajo digno y seguro, dignidad humana, igualdad, condiciones de higiene y seguridad en el trabajo y al ambiente sano' de los presos y guardianes de las cárceles El Bosque y Modelo, de Barranquilla, y de la Cárcel de Sabanalarga.
Con base en ello, se solicitó al Gobierno que se hicieran pruebas y se entregaran elementos de protección biológica a cada una de las personas que se encuentran dentro de los tres centros penitenciarios mencionados, argumentando —entre otros— que el riesgo de trasmisión para las personas privadas de la libertad 'está en que los funcionarios sean portadores de la enfermedad, pues son los que entran y salen del establecimiento y a la fecha se ha omitido realizar pruebas de detección de coronavirus, sometiendo al azar el contagio y propagación de la enfermedad, sin valorar que por su actividad no es posible evitar aglomeraciones, siendo necesaria la realización de pruebas'.
Como resultado de la tutela, además de determinar que se hagan pruebas del virus a las personas que están en las cárceles (presos y guardianes); el juez ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y carcelario (Inpec) que en un término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo, se entregaran a funcionarios de las tres cárceles y a los reclusos los respectivos elementos de bioseguridad para el control y prevención del contagio por el nuevo coronavirus, 'tales como tapabocas, guantes, batas, geles antibacteriales, alcohol, desinfectantes de aspersión antibacteriales y los demás que determinen las autoridades de salud'.
Asimismo, se ordenó al Inpec, el Ministerio de Justicia, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Sabanalarga y la Alcaldía de Barranquilla, 'que de manera conjunta y coordinada, programen y realicen visitas de control y vigilancia del cumplimiento de protocolos y lineamientos establecidos para el manejo del COVID-19' en las cárceles.
Por otro lado, en la misma tutela se decidió denegar la inclusión de la COVID-19 como enfermedad laboral al considerar la solicitud improcedente.
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